CRISIS INSTITUCIONAL

¿‘Quo vadis’ medicina legal?: José Vicente Pachar Lucio

“¿Quo vadis?” es una frase latina que significa: “¿A dónde vas?”. ¿A dónde va el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf)?

En vísperas de la llegada del sistema penal acusatorio al Primer Distrito Judicial de Panamá, el Imelcf está en serios problemas. Si se analiza de manera integral la actual situación, se puede constatar que, además de la falta de asignaciones presupuestarias por parte del Estado, otros factores, internos y externos, también inciden negativamente en su crecimiento y desarrollo, especialmente sus partidas de nacimiento, las leyes 50 y 69.

La Ley 50 fue producto de la realidad de la medicina legal en el año 2005. La Ley 69 fue una imposición inconsulta que forzó la integración de dos instituciones diferentes: Medicina Legal y Criminalística. La Ley 50 otorgó privilegios –pago de 50% de sobresueldo– a médicos y profesionales que debían dedicarse de manera exclusiva, y a tiempo completo, a la práctica pericial forense. La Ley 69, que empezó a regir en el año 2008, no modificó la Ley 50. El resultado: una asimetría en el manejo de los recursos institucionales y una percepción de injusticia en la mayoría de los funcionarios.

Además, la manera en que fue creada y ha crecido la nueva institución, ha propiciado el desarrollo de dos instituciones paralelas, que a decir de la mayoría de los funcionarios del Imelcf– administrativos y peritos de criminalística–, no reciben igual trato salarial que la minoría ni tampoco se les otorga la parte que les corresponde de los recursos asignados por el Estado. Las diferencias no solo son evidentes en la fragmentación física de los espacios asignados a las diferentes secciones de las dos subdirecciones, sino también, lo cual es más preocupante, en el desarrollo mismo de las actividades periciales conjuntas.

Por esas y otras razones, en nuestro Imelcf ha ocurrido un fenómeno inédito en los anales de las instituciones forenses. En los últimos cinco años han renunciado más de 400 peritos y muchos otros están fuera, de licencia sin sueldo. Incluso se retiraron varios médicos, ya formados como especialistas en medicina legal, pese a todos los incentivos recibidos (a los que se agregó el pago de turnos).

El logro del pago del 50% a los médicos del Imelcf (5% de los funcionarios del instituto) se consiguió tres años después de la aprobación de la Ley 50. El año pasado se acordó extender el pago de ese sobresueldo a los peritos de criminalística. En este momento, cientos de funcionarios esperan el desembolso retroactivo de miles de dólares en ese concepto.

Por otra parte, el déficit de peritos idóneos es evidente, crítico en el caso de los médicos, prácticamente será imposible cubrir todos los servicios periciales a partir de septiembre. Fuera del instituto no existen peritos idóneos disponibles y formar médicos especialistas en medicina legal toma tres años.

¿Sobrevivirá el Imelcf a esta crisis? La respuesta la tienen quienes deben tomar las decisiones necesarias. El Instituto requiere con urgencia un plan de desarrollo institucional integral y una política salarial justa, pero sobre todo, necesita, exige, que se presenten a la Asamblea Nacional las propuestas de cambios a las leyes 50 y 69, propuestas previamente consensuadas por la mayoría de sus funcionarios.

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