COLUSIÓN POLÍTICA

La República rota

La República rota La República rota
La República rota

Tenemos semanas de ver el “lleva y trae” entre la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, de acusaciones mutuas que, como siempre, terminan en nada y lo robado, robado queda. Este secuestro mutuo de poderes destruye la esencia de la República –la división absoluta de poderes–, que garantiza al ciudadano su existencia y su desarrollo en una democracia. Lo más malo es que este secuestro no nos los impone un dictador ni un estado de fuerza. Lo santificamos los ciudadanos que, como rebaño de ovejas, dejamos que la manada política haga y deshaga con la nación. Tomémonos el trabajo de ver cómo la República estadounidense enfrenta a un caudillo que la quiere fracturar, a ver si nos inspiramos.

Uno de los paradigmas más peligrosos que sostenemos, panameños y latinoamericanos, es que las democracias se coronan y consagran a través de elecciones libres y transparentes. La realidad es que los procesos electorales solo cambian los actores políticos en un régimen legal donde los poderes son un mazacote de intereses partidistas y personales, sin muros ni limitaciones entre los roles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En otras palabras, el idilio democrático llega hasta el voto, de ahí en adelante la República está rota y desarticulada por el propio sistema político y en violación de la Constitución.

En las verdaderas repúblicas del mundo la columna vertebral de la nación es la absoluta y vertical separación de los tres poderes de gobierno. Este esquema garantiza, por una parte, la diseminación del poder, la necesidad de cooperación y fiscalización de esos poderes entre sí. Con ello se proporciona al ciudadano un balance de poder que lo protege y lo potencia. No es coincidencia que las verdaderas repúblicas sean las naciones más desarrolladas, económica y socialmente, en el mundo.

Aquí la desarticulación del ideal republicano empieza con un sistema electoral sesgado y concentrado en un oligopolio electoral, que impone grandes dificultades a quien quiera retarlo. Eso lo vemos en altas cuotas electorales para competir, innumerables requisitos y dificultades y la concentración de acceso a la toma decisiones políticas en unos cuantos, y siempre del mismo pelaje partidista. Eso es evidente con solo mirar la composición de la Asamblea y la forma en que las bancadas interactúan.

La fragmentación territorial y funcional de la Asamblea hace a los honorables una especie de concejales, más que legisladores y, con ello, dependientes de las necesidades materiales de un electorado con poco interés en los problemas nacionales. Así, para resolver los problemas materiales de su electorado, el diputado está irremediablemente plegado al Ejecutivo. Ahí está la primera fractura, la separación e independencia de los poderes.

Pero el tema se pone más interesante. A estos dos poderes en colusión política, económica o por mera bribonada, les toca la elección de los poderes de control de la República: el poder judicial y la Contraloría. Esta delicada función de tratar de asegurarle al país entes independientes trae las componendas y la complicidad. No creo necesario abundar sobre cómo, a través del tiempo, las designaciones de magistrados y del contralor han ido alejándose de las expectativas ciudadanas. Al alejarse del ideal republicano y democrático, las designaciones se concentran cada vez más en las personas y no en las instituciones.

Sin embargo, como siempre, puede aparecer un desalineado o un imprevisto tipo Odebrecht. A través de los diferentes gobiernos, los poderes, particularmente, el Legislativo y Judicial, han legislado un exquisito entramado de doble blindaje. Este aparato de colusión empieza por introducir garantías procesales que no tienen los ciudadanos y solo son para casos entre ellos. La más infame es la “prueba idónea” o “prueba sumaria” que requiere casi que el diputado se acuse, para que se abra un proceso. Otra nefasta es la famosa “inmunidad parlamentaria”, que blinda a los honorables de la justicia ordinaria. Pero el grueso del blindaje son las normas según las que solo la Asamblea puede juzgar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y viceversa.

Así, amigos, queda sellada la complicidad de los poderes y sellada la suerte de la República de Panamá.

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