GARANTÍAS Y DERECHOS

Reserva sumarial, ¿avance investigativo o retroceso jurídico?: Oswaldo Fernández

Al ser cuestionada por sus críticas al sistema adoptado en Estados Unidos para investigar a los sospechosos de terrorismo, una jueza estadounidense respondió: “No me temblaría la mano en condenarlos a todos a la pena de muerte, siempre y cuando se les hayan respetado todos los derechos y garantías que consagra nuestra Constitución”.

Si lo anterior fue realidad o es una leyenda urbana, no he podido confirmarlo. Pero dichas frases constituyen la esencia de un juez que defiende el estado de derecho, punto importante de la institucionalidad democrática de toda sociedad civilizada. Lo contrario es un retroceso al estado social barbárico propio de la edad media.

El 31 de diciembre de 2013, mientras los panameños nos aprestábamos a celebrar el Año Nuevo, la Asamblea Nacional con irreconocible productividad aprobó más de 10 leyes sobre temas sumamente complejos y diferentes. Lo no hecho en meses, se hizo en un día.

Entremezclado en ese manojo de normas jurídicas, está la Ley 121 de 2013, que por acaso del destino o voluntad de los padres de la patria, entró a regir el 3 de marzo de 2014 (lunes de Carnaval), otro día festivo para los panameños. Y es que el artículo 4 de dicha ley, propio de un régimen fascista, introduce la reserva total o parcial de las investigaciones penales por parte del Ministerio Público, cercenando el derecho de las partes (investigados, defensores y querellantes) y obviando que dicha dependencia del Estado no solo investiga, sino que también ejercita la acción penal.

Añade que cuando se pida la reserva al juez de un acto en particular, se hará sin comunicación previa a las partes. En ambos supuestos, la norma indica que 30 días antes que el fiscal finalice las investigaciones, pondrá en conocimiento de las partes las pruebas practicadas bajo reserva, para que ejerza el derecho de defensa. O sea que el defensor e incluso el querellante, tendrán, como si fuese una gracia benevolente, la oportunidad de refutar pruebas cuya existencia desconocían y de cuya práctica no participaron, que además pudieron realizarse en investigaciones de años de duración.

Estimamos que hasta para un lego en derecho, lo anterior no es solo preocupante sino que es aterrador. Dicha norma violenta principios del abecedario elemental de garantías y derechos constitucionales y legales, y derechos como son la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el contradictorio probatorio, la bilateralidad, el estado de inocencia, la inexistencia de fueros o privilegios para las partes en el proceso, entre otros.

Aparte de lo anterior se vulneran mecanismos de derecho internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, reconocidos por la República de Panamá.

Comprendemos perfectamente la imperiosa necesidad que tiene el Estado en poner coto a la situación delincuencial que azota la región y al país en especial, pero no es mediante la restricción de derechos y garantías de los asociados que esto se consigue.

Es menester invertir más que en cemento, hay que invertir en educación real y efectiva, cultura, deportes, educación informal constante y permanente, en un sistema policial, investigativo y judicial más científico y eficiente, alejado de la percepción de corrupción y de la maligna influencia política, respetuoso y respetado, de que los policías, fiscales, jueces y abogados nos preparemos mejor.

Solo así, con empeño y sin politiquería podremos vencer el cáncer de la corrupción y la delincuencia, porque el material humano existe, pero, ¿existirá la voluntad política?

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