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COMUNIDADES INDÍGENAS

Resguardos y comarcas: Carlos Guevara Mann

El establecimiento de comarcas indígenas no es una novedad inventada por algunos políticos panameños. Hay en todo el mundo una larga tradición de regímenes especiales para los pueblos originarios, hoy incorporada al derecho internacional.

En Hispanoamérica, los gobiernos autónomos para las comunidades aborígenes han existido –con diversos nombres, estructuras y facultades– desde la dominación española. Fueron creados como respuesta a cuestiones ideológicas y problemas políticos del momento.

La conquista ibérica produjo, entre los pueblos indígenas, una catástrofe demográfica de enormes proporciones. Cerca del 90% de la población originaria pereció como resultado de la violencia y las enfermedades provenientes del Viejo Mundo.

Semejante embestida ocasionó la merma o desaparición de muchos grupos aborígenes –como los cueva de Panamá, que ocupaban, aproximadamente, el territorio comprendido entre la Punta de Chame y el Golfo de Urabá– pero no causó la completa extinción de las poblaciones originarias. Tampoco significó el absoluto sometimiento de los indígenas a la soberanía española.

De acuerdo con el profesor David J. Weber de Southern Methodist University (SMU), a mediados del siglo XVIII –dos centurias después de la conquista– cerca de la mitad del territorio americano adscrito a la Corona de Castilla era controlado por comunidades indígenas autónomas. Los españoles las denominaban “resguardos”, “reducciones” o “gobiernos de indios”.

Ante las dificultades para subyugar a algunos grupos de “indios levantiscos”, la Corona celebró con ellos tratados de paz, lo que bajo la lógica del derecho internacional (o derecho de gentes) implicaba el reconocimiento de una personalidad jurídica distinta a la española.

España, señala el profesor Abelardo Levaggi de la Universidad de Buenos Aires, “reconoció en las comunidades o naciones indígenas que vivían libres allende las fronteras interiores de la monarquía y tenían cierta consistencia de sociedades organizadas, la condición de sujetos del derecho de gentes con quienes mantener relaciones diplomáticas plasmadas en tratados, paces, capitulaciones, artículos, etcétera”.

Por ejemplo, en 1778, el gobernador de Panamá, Pedro Carbonell y Pinto, celebró con los “zambos miskitos” de la costa caribeña de Centroamérica (territorio que abarcaba desde Honduras hasta Bocas del Toro), un tratado de paz que intentó desactivar la amenaza de ese pueblo a la dominación española.

En 1787, el arzobispo de Bogotá y virrey de Nueva Granada, Antonio Caballero y Góngora, firmó con los gunas darienitas las capitulaciones que pusieron fin a las hostilidades de estos indígenas contra el gobierno español en Panamá y otros puntos del Nuevo Reino de Granada.

Tras la independencia y el establecimiento de las repúblicas hispanoamericanas, el liberalismo reformador se opuso a los resguardos indígenas bajo el argumento de que sus sistemas de propiedad colectiva e inembargable frenaban el desarrollo nacional. Pero así como no lograron erradicar la influencia de la Iglesia católica –otro legado hispánico– en la vida republicana, las medidas liberales tampoco consiguieron eliminar las autonomías indígenas.

En el siglo XIX, algunos gobiernos republicanos ratificaron comarcas indígenas existentes o crearon nuevos territorios autónomos. Por ejemplo, a partir de la Ley 8 de 1870, sobre reducciones indígenas, el Estado colombiano creó la Reserva de Tule Nega, cuyo antecedente jurídico lo fueron las capitulaciones de 1787, de acuerdo con el profesor Salvador Sánchez González. La Reserva de Tule Nega, a su vez, proveyó un precedente jurídico para la creación de la comarca de San Blas en 1938.

En su texto escolar La tierra de los cholos, Rubén Darío Carles (padre) se refiere al nombramiento, en tiempos colombianos, de un “gobernador de los cholos” en Coclé, “personaje típico, que usaba fajón ancho de seda y bastón de mandatario, quien en primera instancia resolvía casi en forma patriarcal o de jefe de tribu los litigios de su gente”.

Según la profesora Marcela Camargo, este gobierno autónomo ya existía en el siglo XVIII y dependía del obispo de Panamá. Fue suprimido tras nuestra separación de Colombia en 1903. Durante su primera administración (1912-1916), el Dr. Porras creó una reserva para los indígenas coclesanos, la cual se mantuvo vigente hasta su supresión por el régimen militar instaurado en 1968.

Este brevísimo recorrido histórico plantea la profunda raigambre de la autonomía indígena en nuestro medio. La implicación para nuestra actualidad es que una autonomía de tanto arraigo es difícil de extirpar.

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