REZAGO AMBIENTAL

Septiembre oceánico por la vida: Gabriel Despaigne

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Desde la declaración en 1998 de Septiembre Mes de los Océanos, el movimiento ambientalista demanda acciones dirigidas a lograr mares más sanos, libres y soberanos como fuente sostenible para la vida y la recreación de todos los ciudadanos, sin embargo, preocupan rezagos y elementos políticos involutivos.

En este período, preocupa, que ante los avances logrados durante 40 años de gestión del movimiento ambientalista panameño, el actual gobierno se haya empeñado en desmantelarlos a través de leyes de modificación para desmejorar y no para avanzar en los mismos; “ley chorizo” y sucedánea, ley carcelazo que limita la expresión pública en las calles, la amenazante modificación de los estudios de impacto ambiental, el propuesto nuevo Código Sanitario, las amenazas de retrocesos en las normas de vertimiento de aguas servidas, la minería, ventas costero-marinas e insulares, la cada vez más crítica gestión de los desechos sólidos y la ausencia de políticas conservacionistas de arrecifes coralinos y la descategorización estructural de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), generan un in crescendo proceso involutivo que finalmente afecta el ambiente marino.

El gobierno sufre miopía y rezago preocupante en la revisión y definición de nuestras aguas jurisdiccionales marítimas, frente al casi total y abusivo cerco de nuestros mares por parte de Colombia, con base a reminiscencias colonialistas. Además, las solicitudes de Ecuador y Costa Rica en el Pacífico Sur Oriental, mientras que en el Caribe, el fallo de la Corte Internacional de Justicia no contempló las aspiraciones de la nación panameña en virtud de omisiones administrativas.

Panamá requiere ampliar sus límites hasta 350 millas náuticas en función a las necesidades del crecimiento, geomorfología, geoestrategia nacional y regional, a la seguridad del tránsito de las embarcaciones, hasta dejarlas en aguas internacionales, y la protección de la biodiversidad marina en movimiento.

En la Comisión Ballenera Internacional, 2012, no cumplimos cabalmente nuestro papel conservacionista de cetáceos debido al voto alineado con la cacería “indígena” impulsada por el nuevo eje del mal Washington-Moscú-Tokio y, por el otro lado, hay rezago en las diligencias para retirar la bandera panameña al barco coreano Sun Laurel, que contamina y avitualla la flota ballenera en aguas protegidas del Antártico-sur. La ARAP y Anam prestan poca dinámica a las políticas conservacionistas, que pudiera ser peor bajo la propuesta administración del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Para complementar, una Autoridad Nacional de Administración de Tierras –seriamente cuestionada sobre su origen y propósitos– que se percibe como una amenaza al derecho ciudadano del libre y total disfrute de los bienes costeros e insulares, así como la recreación y contemplación de la belleza escénica. Las islas y costas se presentan como bienes a vender principalmente a extranjeros, privilegiando un apartheid que nos dejaría cautivos en nuestra propia casa, además de la titulación de bosques, áreas indígenas, manglares y áreas protegidas que finalmente terminarían en bienes deforestados y de mercado.

En los puertos hace falta una agresiva política de cero contaminaciones y compromisos de saneamiento para los buques y embarcaciones que navegan nuestros mares. Sigue rezagada en la Asamblea Nacional, la ley que regula y asegura la minimización del riesgo para buzos, a través de claras exigencias profesionales y salario justo.

En contraste, seguimos observando un crecimiento participativo del ambientalismo ciudadano cada día más significativo, coherente y maduro, y un creciente turismo de avistamiento de ballenas que puede contribuir a la inyección de recursos a las poblaciones costero marinas e insulares.

La sociedad ambiental exige: Nueva jurisdiccionalidad marítima, hasta 350 millas náuticas; no al desmantelamiento de la institucionalidad ambiental; recuperación y protección de los arrecifes de coral y manglares; una ley de protección profesional y escala salarial justa para los buzos; no a la titulación y venta de territorios marinocosteros y protegidos; libre acceso y circulación en las playas y cinturones costeros en todo el país, incluidas las islas; establecer un cordón costero de 200 metros desde la línea de la más alta marea, ciclo de 19 años, de manera que se conserve la biodiversidad costera, el libre acceso, disfrute del bien escénico, movimiento y edificaciones de bienes públicos debidamente sustentados en función de normas de pacífica convivencia con el bien ambiental y comunitario.

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