JUSTICIA

Sistema acusatorio: seriedad jurídica: Erwin Osman Delgado González

El sistema acusatorio creado en Panamá a través de la Ley 63 de 2008 y vigente en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, conlleva una nueva lógica en cuanto a la estructura del proceso al establecer que la justicia penal va más allá de la tramitación de un expediente, como ocurre en el sistema inquisitivo que se aplica en el resto del país.

Históricamente, producto del sistema inquisitivo el monopolio de la verdad recaía en el Ministerio Público; ahora, con el nuevo sistema, al perseguir los delitos, y por estar en juego las garantías constitucionales y los derechos humanos de las partes, fundamentalmente las del imputado, la Fiscalía está obligada a investigar lo favorable y desfavorable relacionado al imputado, tal cual lo prevén las nuevas normativas procesales.

El nuevo Código Procesal Penal le permite a la defensa construir su verdad procesal, a través de la elaboración de la teoría del caso, utilizando las distintas reglas y medios de prueba, por lo que le es permitido armar sus proposiciones lógicas y establecer su realidad, con el objetivo de convencer al juez o al jurado de conciencia, en torno a su postura. El distema acusatorio es, pues, adversarial.

En Panamá ha surgido la investigación paralela que es un nuevo concepto y modelo de investigación,- no oficial- frente a la investigación única llevada a cabo por el Ministerio Público, la cual permite que el abogado litigante estructure su investigación, haciendo efectiva la garantía fundamental del derecho a defensa prevista en el artículo 22 de la Constitución. Con respecto al imputado, le permite aducir pruebas de descargo, las cuales deben diligenciarse de manera rápida y sin formalismos.

El artículo 367 del Código Procesal Penal crea la teoría del caso, o estrategia a seguir por cada una de las partes; igualmente, el artículo 346 del mismo código, establece la obligación al defensor de descubrir, exhibir o entregar copias al fiscal, si va a entregar evidencias en el juicio oral, dentro del plazo de tres días. Tales evidencias, al no estar contenidas en la carpeta de investigación del Ministerio Público, permiten la observancia de los principios procesales.

La investigación paralela de la defensa no lesiona la legalidad de la investigación, sino que refuerza el debido proceso, el estado de inocencia, el derecho a la defensa y fortalece el principio acusatorio adversarial.

Muchas veces, los abogados litigantes, especialmente los de carácter privado, cuando asumen el rol de defensa o de parte querellante no conocen las reformas y menos el procedimiento. Luego, al desconocer que hay una investigación constitucional llevada a cabo por la fiscalía, la cual no impide la investigación paralela de la defensa y el derecho de incorporar pruebas a favor del imputado, en igualdad de condiciones con el Ministerio Público; como por ejemplo, el derecho de la defensa de tomar entrevistas a sus testigos y peritos, las cuales solo son un medio de control propio de la práctica probatoria testimonial del nuevo sistema.

En igual medida, en la etapa de investigación ya no se habla de prueba, sino de actos de investigación, puesto que una prueba, ahora, es la que se practica ante el tribunal de juicio y aquellas que son practicadas en procesos especiales surtidos ante el juez de garantía, tal como lo establecen los artículos 282 y 284.

Nuestro ordenamiento procedimental penal al establecer en su artículo 17 que “solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales”, está expresando con claridad meridiana que el Ministerio Público no tiene el monopolio de la prueba y, por ende, no las sustenta, sino que participa en su práctica con las demás partes en el juicio oral.

El estudio y comprensión del sistema acusatorio favorecerá el respeto de las garantías constitucionales dentro del Estado que todos aspiramos. Debemos recordar que el derecho como ciencia es un ente viviente, en eterna transformación y que nos obliga a actualizarnos, solo así podremos reforzar la seriedad jurídica del sistema acusatorio.

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