PANAMÁ, UN PAÍS VULNERABLE

Terrorismo

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El FBI arrestó recientemente a dos individuos por apoyar al grupo terrorista Hezbolá. De acuerdo con Associated Press (8 de junio), uno de los sujetos estuvo en Panamá para identificar posibles objetivos, entre ellos el Canal interoceánico y las embajadas de Israel y Estados Unidos.

El anuncio produjo alarma en algunos sectores, pero altos funcionarios aseguraron que la situación está“bajo control”. Es evidente que tienen una idea muy precaria del fenómeno y poca noción de cómo enfrentarlo.

El terrorismo es una forma de violencia política que ataca deliberada e indiscriminadamente a la población civil. Tiene motivaciones religiosas, ideológicas o nacionalistas. Dependiendo de quiénes son los perpetradores, puede clasificarse en terrorismo estatal y no estatal.

Panamá es un país vulnerable al terrorismo, no tanto por su posición geográfica (a la que se atribuye, con simpleza, todo lo que pasa acá) como por su débil institucionalidad democrática. Las instituciones panameñas, todo un modelo de ineficiencia y arbitrariedad, están minadas por la corrupción. Estas características menoscaban su capacidad de responder efectivamente al terrorismo.

El terrorismo no estatal opera a través de agrupaciones transnacionales no dependientes de un Estado. En Panamá, las amenazas de terrorismo no estatal provienen principalmente del exterior, esto es, de grupos terroristas domiciliados en otros países que llevan a cabo operaciones internacionales.

La primera línea de defensa contra amenazas procedentes del extranjero es el control migratorio. La mayoría de la gente que entra al país, incluyendo a criminales, mafiosos, pandilleros y terroristas, no se cuela por pasos recónditos en nuestras fronteras. Por el contrario, entra como Pedro por su casa a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Allí y en otros puntos de ingreso, el control es incompleto y deficiente. En general, hay gran ineptitud y corrupción en nuestro ámbito migratorio, lo cual atenta contra el orden democrático. El propósito del sistema no es contribuir a la tranquilidad ciudadana, sino enriquecer a abogados maleantes y funcionarios coimeros que prosperan a partir de la trata de personas, uno de los negociados más repugnantes.

Además del control migratorio, la seguridad ciudadana y el sistema judicial deben ser barreras contra el terrorismo. Ninguna de las dos salvaguardias, sin embargo, opera en Panamá.

Los organismos panameños de seguridad, militarizados a partir del pésimo gobierno de Martín Torrijos (PRD, 2004-2009), se caracterizan por su total incapacidad para enfrentar el crimen organizado y sus abusos a las personas que actúan pacíficamente en ejercicio de sus derechos. Su participación en ilegalidades como extorsiones, contrabandos y trasiego de narcóticos es el pan nuestro de cada día, junto con sus atropellos cada vez más osados contra los ciudadanos que tratamos de conducirnos correctamente, conforme a las normas del derecho y la civilización.

El sistema judicial, que en su más amplia acepción comprende desde el organismo penitenciario y el Ministerio Público hasta los juzgados y altos tribunales de justicia, se encuentra en un estado putrefacto. Su elemento sobresaliente es un grupo de jueces y fiscales incompetentes y coimeros, cuyo interés primordial no es promover la justicia, sino tumbar un botín.

Poca protección tenemos, entonces, contra el terrorismo transnacional que, además, encuentra en Panamá fuentes de financiamiento y oportunidades de inversión. Algunos renglones económicos—entre ellos la banca, la actividad inmobiliaria, el comercio, la construcción y otros servicios—reciben capitales derivados de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, de armas y de personas, la explotación sexual de adultos y menores, la extorsión, el secuestro y la piratería, a veces vinculadas al terrorismo transnacional.

En cuanto al terrorismo estatal, no solo fue uno de los pilares de la dictadura castrense de Torrijos, Paredes y Noriega (1968-1989). En la actualidad, plantea un gran desafío a la paz social a partir de la militarización de los servicios de seguridad y su profunda infiltración por la corrupción y el crimen organizado.

El sistema judicial es la primera barrera contra el terrorismo estatal, pero en Panamá no funciona. En momentos en que el Consejo de Gabinete debe acordar con el presidente de la República el reemplazo de dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia (La Prensa, 12 de junio), bien podría hacer un esfuerzo por designar allí a juristas probos que combatan el terrorismo, no que lo faciliten con sus conductas delincuenciales.

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