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PEDIDO DE TRANSPARENCIA

Tirando piedras con techo de vidrio: Álvaro E. Tomas

Hace unos días asistí a un foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) denominado “Centro Financiero de Panamá: amenazas y desafíos”. El moderador, Alberto Padilla, de CNN, cometió el error de empezar el foro pidiendo opiniones a los panelistas sobre si Panamá era o no un centro de lavado de dinero. Además repitió, varias veces, que Panamá era considerado como un paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como me mordí la lengua en el evento, escribo este artículo.

Desde hace unos años, el club de los 34 países, llamado OCDE, se fijó el propósito de exigir cambios en las legislaciones de las naciones que consideran “paraísos fiscales”. Panamá no ha escapado de este escrutinio y estemos de acuerdo o no con esas exigencias, dicha presión nos llevó a firmar un tratado de intercambio fiscal que –por nuestro principio de territorialidad– parece no beneficiarnos en nada, y pronto nos obligarán a cambiar leyes que podrían restar competitividad al sector de servicios financieros y legales. Esta organización internacional, cual religión, quiere imponer en el mundo el ejemplo de sus miembros que viven apegados a la “transparencia”.

Pocos saben que dicho organismo emite anualmente un reporte sobre sobornos, por parte de empresarios de sus países miembros, a funcionarios de los no miembros, con el fin de conseguir un trato favorable en concursos públicos internacionales (OCDE: Working Group on Bribery Annual Report 2013). Este informe resulta relevante a la luz de sus políticas de transparencia y de que sus miembros representan cerca del 90% de la inversión extranjera directa mundial.

El reporte anual de 2013 señala que, después de más una década, 311 empresas o particulares han sido sancionados en 14 países miembros por sobornar a funcionarios extranjeros, mientras que únicamente 83 individuos han ingresado en prisión. Es decir, el 40% de sus integrantes tiene empresarios que han participado activamente en sobornos, fomentando la corrupción en naciones en vías de desarrollo. Recordemos que el cínico, por decir lo menos, ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi justificó este delito al declarar que “el soborno es necesario cuando se negocia con países del tercer mundo y regímenes...” (Financial Times, febrero 2013).

El informe destaca que en 20 naciones de esa organización no se encontró evidencia de que sus empresarios se hayan favorecido con inversiones gubernamentales en el extranjero. Podríamos esperar que en algunos países nórdicos, en Estados Unidos o en Singapur no se produzcan actos de corrupción por la aplicación de la justicia o la mera posibilidad de que los empresarios sean investigados. Lo que sí llama poderosamente la atención es que Brasil, México y España (miembros) no hayan procesado a ningún empresario por la corrupción a funcionarios.

Para ejecutar su misión heroica de promover políticas y mejorar el bienestar del planeta tierra, la OCDE debe obligar a sus socios a investigar y enjuiciar con más determinación a los empresarios que van “coimeando” globalmente. De lo contrario, las naciones receptoras de esa inversión extranjera directa, serias y con dignidad, deberíamos poner en una lista negra a los países criticados por esa organización, por su inacción en materia de combatir la corrupción de sus funcionarios, impidiéndoles que liciten o participen en obras y servicios gubernamentales.

Antes de seguir exigiendo regulaciones a los no socios, como Panamá, la OCDE debe entender que es inaceptable para nosotros que ese organismo no ponga mayor empeño en perseguir a sus criminales en aras de la “transparencia” que tanto profesan.

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