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CONSULTA CIUDADANA

Transparencia y participación: Magela Cabrera Arias

En 2013, 16 años después de presentado el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) pactó por $1.3 millón su actualización con un consorcio que debe entregar resultados este año. Sin considerar que el plan afectará la calidad de vida de todos, su actualización no ha sido un proceso participativo con las comunidades organizadas, las universidades y los colegios de profesionales. La información de sus avances y propuestas tampoco está a disposición de los ciudadanos, tal como indica la Ley N° 6 de 2002 (Ley de Transparencia).

El crecimiento desordenado de la región metropolitana –que concentra el 46% de la población del país– ha estimulado enormes necesidades de vivienda, infraestructura, movilidad, espacios públicos y servicios básicos –especialmente agua-; lo que provoca casi diariamente la justa protesta de los ciudadanos afectados. Esos déficits evidencian ausencia de una visión integral de los problemas urbanos, escasa capacidad de coordinación entre instituciones involucradas con la ocupación del territorio (Miviot, municipios, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerios de Ambiente y Economía y Finanzas, entre otros), y falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes e impedir que los intereses económicos de los inversionistas avasallen los intereses colectivos.

Para afrontar los desafíos del desarrollo urbano Panamá tiene, además del mencionado plan, la Ley 6 de 2006 (Ley de urbanismo) que instituye las atribuciones de los municipios; establece la obligatoriedad de aplicar instrumentos de planificación (planes de desarrollo urbano nacionales, regionales, locales y parciales); e incluye normas para la participación ciudadana, entre otros aspectos.

Experiencias exitosas de otros países reconocen que para garantizar el éxito de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que en esencia son instrumentos que rigen el desarrollo físico, ambiental, social y económico, es imprescindible la participación ciudadana; lo que potenciaría la eficiencia de las intervenciones públicas adecuándose a las necesidades y anticipándose a las demandas de la comunidad con lo que se evitaría la conflictividad social.

El Estado debe garantizar que se ejecute la Ley 6 y que durante la actualización del plan de desarrollo urbano y otros proyectos en ejecución, haya transparencia, acceso a la información, cumplimiento del control social, rendición de cuentas y coordinación interinstitucional para, por ejemplo, armonizar con el plan los grandes proyectos que actualmente se construyen como Techos de Esperanza (incluido en el Plan de Renovación de Colón) y la Ciudad Hospitalaria.

Además, el Miviot para legitimar la idoneidad del plan de desarrollo urbano debe cerciorarse de que este integra como ejes orientadores cohesión social, competitividad económica, sostenibilidad ambiental, consulta a la academia, permanente consulta ciudadana, y una capacidad de gestión innovadora que se adapte a la dinámica de cambio de las ciudades.

La gravedad de los problemas en el área metropolitana demanda buscar consensos: urbanistas, funcionarios, ciudadanos, inversionistas inmobiliarios y académicos deben debatir y acordar una visión de ciudad común con estrategias concretas que logren mayor equidad, inclusión y desarrollo social y económico. De no hacerse así, las desigualdades crecerán con sus secuelas de violencia e inseguridad.

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