´CAMARÓN LEGISLATIVO´

¿Quién asume las consecuencias?: Julio E. Linares Franco

Maña, trampa, ingenuidad e ignorancia, son algunos de los aparentes adjetivos para calificar la reciente expedición de la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013. A pesar de lo delicado que resultó la eliminación de la tributación territorial, aunque fuese temporalmente, como piedra angular de nuestra pujante economía de servicios por más de 100 años, hecho altamente perjudicial para nuestro sistema jurídico y financiero, voy a dejar ese tema de fondo a un lado para enfocarme en los gravísimos problemas de índole institucional que cada vez más, amenazan con llevar a este país a un verdadero caos político, económico y moral.

En primer lugar, el artículo 149 de la Constitución es claro cuando señala que, en legislatura extraordinaria convocada por el Órgano Ejecutivo, se conocerán, exclusivamente, los asuntos que dicho órgano someta a su consideración. El presidente de la Asamblea Nacional, supuestamente a solicitud del director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), incluye los artículos 2 y 3 para reformar el artículo 694 del Código Fiscal, materia esta que no había sido incluida por el Órgano Ejecutivo como asunto para someter a la consideración de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el presidente de la Asamblea Nacional se convierte en flagrante violador del artículo 149 de la Constitución Política.

Así como los miembros de la Comisión de Comercio, quienes aceptan debatir y aprobar una norma incluida en violación de la Constitución. El director nacional de Ingresos Públicos ha aceptado ser quien presentó el tema a la Asamblea Nacional. Pero lo hizo a espaldas del Órgano Ejecutivo, que era el único autorizado para presentar proyectos en sesiones extraordinarias. Lo hizo también a espaldas del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien adujo no tener conocimiento del hecho y que por la materia en cuestión, era el primero que debía saber del tema y dar el visto bueno. Lo hizo, por lo tanto, sin importarle que ese hecho constituyera una violación al artículo 149 ya referido. A pesar de que prefirió “formalizar” su intención a través del presidente de la Asamblea Nacional con la presentación de la enmienda, existen graves indicios de que se haya extralimitado en sus funciones y cometido abuso de autoridad.

El artículo 166 de la Constitución Política exige que todo proyecto de ley sea aprobado en tres debates por la Asamblea Nacional. Pues bien, los artículos 2 y 3 de la Ley 120, suponiendo que hubiera sido lícita su inclusión, solo fueron aprobados en dos debates. Al ser presentado el proyecto original que no tenía incluido el conocido “camarón”, fue aprobado en primer y segundo debate. Al llegar a tercer debate, es bajado a segundo por el diputado presidente de la Comisión de Comercio, según él, a sugerencia del presidente de la Asamblea Nacional. A espaldas del presidente de la Comisión de Comercio, quien no se encontraba ese día en la Asamblea Nacional (tan ausente como los diputados de oposición), asumo que resolviendo en su circuito esos “graves” problemas comunitarios que mantienen a los diputados totalmente desorientados, por decir lo menos, la Comisión de Comercio y el pleno aprueban una norma que por obligación constitucional, no podía estar incluida y que solo fue sometida a segundo y tercer debates.

En síntesis, los diputados de la Comisión de Comercio aceptan la inclusión en el proyecto de ley respectivo, de una norma nefasta para la economía del país, que no podía ser considerada porque no fue sometida por el Órgano Ejecutivo por tratarse de un llamado a sesiones extraordinarias. El director de una autoridad pasa por encima del Consejo de Gabinete y del ministro respectivo, presentando un proyecto de enmienda a una ley orgánica de semejante importancia que además, debía ser aprobada por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional y no por la simple mayoría de los diputados asistentes, violándose también el artículo 165 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional se presta para violar la carta magna, con tal de hacerle el favor al director de la ANIP. El presidente de la Comisión de Comercio no asistió el día que se aprobó la norma respectiva, igual que los diputados de oposición.

Los diputados presentes, tanto de gobierno como de oposición, no se tomaron el trabajo de leer un proyecto de ley de una sola página, para darse cuenta de la clase de mamotreto que estaban aprobando. Y para acabar de rematar, los asesores del Ministerio de la Presidencia no se percataron de una ley cuya aprobación violó flagrantemente por lo menos tres artículos de la Constitución, siendo ilegalmente sancionada por el Presidente de la República.

¿Quién asume las consecuencias?...

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