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Ni paraíso fiscal ni blanqueo de capitales: Iván Lau De León

En conversaciones informales, he escuchado comentar sobre los supuestos males que nos acechan, como nación, cual resfriado que se esparce sin control. Cuestionan si Panamá es un paraíso fiscal, con pocas o nulas leyes y procesos para el blanqueo de capitales, y dicen que estamos en cuanta lista gris se ha inventado. Esos son algunos de los epítetos que se manejan en la plaza e incluso confunden o mezclan conceptos, debido a la falta de información y de cuidado al expresarse sobre estos temas.

Es importante saber que el término paraíso fiscal se refiere a las actividades de carácter impositivo–legales. Es decir, a una jurisdicción con un régimen tributario laxo, cuyo objetivo fundamental es no pagar impuestos; esto en Panamá es un rotundo no. Soy del criterio de que las leyes y procesos establecidos en las regulaciones fiscales son claras y su ejecución es tal que raya en necedad insistir en que el país es un paraíso fiscal, ya sea por propios o extraños.

Al referirnos a lavado de dinero o de activos, hablamos de capitales que son producto de actos ilícitos definidos, como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, etc., y que quienes los manejan utilizan jurisdicciones sin regulaciones ni procesos adecuados, que les sirvan para disimular el origen de los fondos.

El error es mezclar los conceptos lavado de dinero y paraíso fiscal, pues se manejan con regulaciones propias, aunque se insista en ponerlos en la misma “cama”. A nuestro istmo lo tienen en listas grises por carecer de elementos –a criterio del evaluador– coincidentes con las “políticas internacionales” en materia de lavado de activos y prevención de la evasión fiscal. Esto genera detractores y aliados en el proceso. Los primeros sustentan sus puntos con duros cuestionamientos al statu quo, con hipótesis de intervencionismo e imposición foránea; los segundos apelan a la cooperación internacional y al bien mayor, al ajustarnos a regulaciones que coadyuven a la captación de inversión y acceso a préstamos internacionales, con el visto bueno de las instituciones supranacionales, pues eso incide en la buena o mala reputación como país.

La respuesta ha sido un alcance adicional a los acuerdos de intercambio de información. Leyes de trascendental importancia que, en armonía, combaten el lavado de activos. La primera en el ámbito corporativo es la Ley 47 de 2013, modificada por la Ley 18 de 2015, que regula la estructura constitutiva de las acciones al portador, al establecer que deben permanecer en custodia de entidades previamente aprobadas para tal fin. Esto se suma a la dificultad de abrir cuentas corporativas en la banca local, bajo una nomenclatura distinta a las acciones nominativas, lo que persigue identificar a los accionistas. Lo anterior, en conjunto con los procesos para conocer al cliente y de cumplimiento, perfecciona una plataforma robusta en Panamá que se complementa con la Ley 23 de 2015, sobre medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

Quedaba latente el vacío, subsanado por la precitada ley, para con las empresas que no tienen como modelo de negocios la intermediación financiera, pero manejan una cartera importante de clientes que les genera flujo de efectivo. Es decir, los sujetos no financieros dentro de la oferta del mercado, que al ser tan heterogéneo el rubro de servicios incluye un listado amplio de actores, lo que la ley cataloga como sujetos obligados no financieros.

Paso sensitivo e importante porque le cierra la “llave” a cualquier posibilidad para blanquear capitales. Claro, se espera que esta normativa vaya de la mano de empresas serias, que tengan el compromiso, se capaciten y actúen bajo principios éticos y profesionales. Todo con el objetivo de salir de las listas grises en el primer trimestre de 2016. Pero esto no es lo trascendental, para mí lo más importante es que este marco regulatorio sea el catalizador que nos permita entender que se puede generar riqueza bajo un esquema de competitividad y trabajo digno, sin cometer ilícitos. Comulgo con la intención de generar conciencia, para que el “juega vivo” sea la excepción; la ilegalidad y corruptela sean mal vistos y, por supuesto, se tenga la certeza del castigo.

Usted, amigo lector, puede estar a favor o en contra, pero lo cierto es que la bola ya comenzó a rodar hacia una dirección, la decisión fue tomada y lo importante es estar informado, ser vigilante de que las acciones conducentes se ejecuten y que no caigan en letra muerta, porque lo que todos queremos es que sea en beneficio real para el país. Yo, incluso, exijo que se pueda medir, para que los indicadores, a corto y mediano plazo, manifiesten el resultado de todo el esfuerzo. Como empresarios y profesionales tenemos esa responsabilidad, al igual que como consumidor. ¡Todo esto por un mejor Panamá!

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