IMPUNIDAD Y DISCRIMINACIÓN

Dos caras de la justicia: Carlos M. Herrera Morán

Hace unos meses, leí en un medio de comunicación local que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell le propuso a sus pares u homólogos realizar una investigación administrativa para conocer las razones y/o motivos por los que el pueblo tenía una pésima percepción sobre nuestro sistema judicial.

Amén de las quejas y denuncias cotidianas que, objetivamente, salen a la luz pública en contra del sistema, para conocer la respuesta a las inquietudes o preocupaciones del magistrado Mitchell hay que meterse en el pellejo de los miles y miles de panameños que han sido y son víctimas de una administración judicial en la que pareciera tener vigencia el refrán popular que reza: “Las leyes son para los más pendejos”.

Igualmente, habría que meterse en los zapatos de los abogados litigantes modestos, porque muchos de los jueces y magistrados que se niegan a aceptar las críticas, lo hacen porque muchos de ellos son parte del problema y tienen muy poca o ninguna formación como abogados litigantes (en su vida profesional nunca han pisado una corregiduría), circunstancia esta que les impide ver el monstruo desde afuera, así como los graves males que lo aquejan. La burocracia genera –indefectiblemente– insensibilidad social.

Lo cierto es que nuestro sistema judicial –desde hace muchísimos años– camina en contravía de los designios públicos, en una forma alarmante, escandalosa y peligrosa. Prueba de esta triste realidad la encontramos en la injustificada postergación del Sistema Penal Acusatorio y en el proyecto de ley No. 523, mediante el cual un grupo de diputados serviles al actual gobierno pretende institucionalizar la justicia selectiva y la impunidad absoluta a favor de funcionarios corruptos, cuyos actos ilícitos en el ejercicio de sus cargos debieran ser imprescriptibles. Tal situación se agrava por el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que asegura un férreo control por parte del Ejecutivo.

Considero que aún estamos a tiempo para que el resto de los magistrados atienda, en forma positiva y efectiva, la plausible sugerencia del magistrado Mitchell y, por lo tanto, inicie de inmediato las investigaciones administrativas pertinentes, lo que les permitirá corroborar que en los juzgados civiles hay procesos que llegan casi a los 10 años sin que se dicte la sentencia de primera instancia; que en el Primer Tribunal Superior de Justicia reposan recursos de apelaciones que llegan casi a los cinco años sin que se resuelvan; que las cárceles están abarrotadas de personas que tienen más de cinco años de detención preventiva sin que se les hayan celebrado sus audiencias.

El carácter discriminatorio del sistema judicial se refleja en la tétrica estadística que indica que el 65% de los privados de libertad padece una condena anticipada, sin juicio.

Lo antes expuesto significa que las razones o motivos de la mala percepción que existe en contra del sistema judicial están frente a las propias narices de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en pocas palabras, que la enfermedad está en el cuerpo y no en las sábanas.

A este mismo respecto, paradójicamente, las personas y sectores poderosos del país, representados por grandes firmas de abogados, no viven esta desigualdad en materia de justicia, quienes –por lo que se vislumbra– jamás llegarán a sufrir este padecimiento social, si se perpetúa en Panamá la Constitución Política heredada de la dictadura militar, y se impide el paso de una asamblea nacional constituyente, que barra el podrido sistema jurídico-político imperante.

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