La República de Panamá avanza con paso firme hacia una deuda pública de B/.100,000 millones, cifra que se perfila como la herencia más notoria que quedará al finalizar el actual quinquenio presidencial. En 2024, la deuda pública ya superó los B/.50,700 millones y el déficit fiscal alcanzó los B/.6,700 millones, reflejando una tendencia alcista constante. Esta situación se explica porque el Estado continúa gastando más de lo que ingresa, recurriendo al endeudamiento para cubrir gastos, ya que no se ha implementado un control efectivo sobre los mismos.
Actualmente se discute el presupuesto para 2026, donde se proyectan ingresos optimistas que rara vez se concretan, mientras que los gastos suelen ser reales e incluso insuficientes, lo que obliga al Estado a buscar préstamos adicionales. Además, la ejecución de megaproyectos como el tren Panamá-David, el teleférico de San Miguelito y la extensión del Metro hacia La Chorrera requerirá subvenciones, pues difícilmente serán rentables por sí solos. Las tarifas de peaje para estos proyectos no serían accesibles para la mayoría de los ciudadanos, por lo que el Estado deberá subsidiarlos.
Todo esto ocurre en un contexto donde el costo de la canasta básica supera los B/.300, con tendencia alcista desproporcionada respecto a los salarios, una tasa de desempleo que podría alcanzar el 10% al cierre de 2025, y un evidente estancamiento económico agravado por la desconfianza hacia las actuaciones del estamento gubernamental.
Existen diversas demandas en curso que podrían convertirse en pasivos reales para el Estado, como las presentadas por los dueños de minas tras la eliminación de concesiones mineras. También está pendiente la situación del ferrocarril Panamá-Colón: si se cancela el contrato, probablemente se enfrentarán nuevas demandas. Está latente el riesgo geopolítico entre China y Estados Unidos, donde Panamá se encuentra en medio, con el agravante de que algunos sectores reclaman el control del Canal, el mayor activo productivo que tiene el país.
En la administración pública persiste una mentalidad muy particular sobre la contabilidad gubernamental, donde algunos funcionarios consideran que los ahorros generados en proyectos institucionales son patrimonio propio. Un ejemplo es el caso de los siete millones ahorrados por el Ministerio de la Presidencia, que pretende utilizarse sin una asignación presupuestaria definida. Esta actitud prioriza el gasto constante, ignorando el principio económico básico de que el ahorro es la parte del ingreso que no se gasta. Si Panamá lograra mantener y no gastar estos ahorros, contribuiría a reducir el déficit fiscal persistente, principal factor del incremento de la deuda pública. Se plantea el sueño de alcanzar algún día un superávit fiscal, donde los ingresos superen a los gastos. ¿Será que algún día tendremos un gobierno que abandone la mala práctica de gastar más de lo que ingresa y financiarlo con deuda?
Refirámonos ahora a la deuda que heredarán las generaciones futuras. Desde otra perspectiva, cada niño panameño que nazca hereda una deuda teórica de aproximadamente B/.25,000. Al analizar por generaciones, la carga del endeudamiento recae principalmente en la Generación X (1965-1981), los millennials (1982-1996), la Generación Z o centennials (1997-2009), así como las futuras Generaciones Alfa (2010-2025) y Beta (posterior a 2025). Los adultos mayores, pertenecientes a la Generación Silenciosa (1928-1944) y los baby boomers (1945-1964), están desapareciendo y no enfrentarán el peso de esta deuda. Así, los recién nacidos y quienes nacerán en los próximos años ya están endeudados desde su nacimiento.
Las generaciones de los millennials y centennials serán las más propensas a asumir la responsabilidad del pago de la deuda externa, junto con las generaciones Alfa y Beta, quienes enfrentarán este reto en el largo plazo. Es importante comprender que esto no implica que estas generaciones deban realizar un pago directo o recibir un descuento aplicado a sus ingresos, sino que se refiere al impacto que tendrá la deuda sobre las finanzas del Estado. La salud económica del país continuará deteriorándose por el impacto del servicio de la deuda externa, que requerirá una mayor proporción del presupuesto anual a futuro.
El acceso y manejo de recursos tecnológicos por parte de estas generaciones les permite tomar decisiones más informadas, lo cual podría influir en la forma en que aborden los desafíos económicos heredados. Sin embargo, surge la inquietud sobre si las autoridades gobernantes actúan de manera autoritaria, sin consultar a la población, irrespetando los logros patrióticos, limitando la independencia de los poderes y fomentando la corrupción en el Estado.
La juventud panameña, ya sea centennial o generación Z, comparte rasgos culturales y valores que trascienden fronteras, conectándolos con sus pares a nivel global. Esta identidad generacional se caracteriza por una visión crítica y reflexiva sobre el entorno social en el que viven, especialmente al analizar las estructuras de poder existentes.
A partir de esta conciencia colectiva, la Generación Z ha desarrollado una postura de rechazo hacia los sistemas que considera responsables de perpetuar la desigualdad en áreas clave como la economía, la educación y la moral pública. El descontento frente a estas injusticias ha motivado a los jóvenes a cuestionar los modelos tradicionales y a expresar su inconformidad, no solo a través de la tecnología y las redes sociales, sino también en espacios de participación ciudadana.
Surge entonces la interrogante sobre el futuro papel de esta generación en la sociedad panameña: ¿lograrán organizarse de manera efectiva para convertirse en verdaderos agentes de cambio y promover una transformación social, exigiendo una mayor equidad, transparencia y justicia dentro del país?
El autor es ciudadano panameño.
