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GOBIERNO

¿Por qué no habrá constituyente?: Ramón A. Mendoza C.

Desde hace años, la idea de reformas constitucionales sustanciales o la elaboración de una nueva Constitución ha sido propósito de un sector de la ciudadanía que estima que el actual texto constitucional se quedó en el pasado y mantiene una configuración política que otorga demasiados poderes al Ejecutivo, favoreciendo el ejercicio político a una partidocracia que ha resultado maleable, corrupta y dañina; restringiendo la participación ciudadana que carece de herramientas participativas como la revocatoria de mandato popular, el rendimiento de cuentas, la validación de derechos de tercera generación y difusos, lo coloca al ciudadano como objeto de los grandes intereses económicos.

Nuestra Constitución establece dos mecanismos para su reforma, ya sea por iniciativa del Consejo de gabinete, del Órgano Judicial o del Legislativo.

En el primer mecanismo la iniciativa debe ser discutida en tres debates y aprobada por la mayoría absoluta de los diputados. Esa propuesta deberá pasarse a la siguiente Asamblea electa que debe aprobar la iniciativa en un solo debate sin modificación.

En el segundo mecanismo, la iniciativa debe aprobarse en tres debates en un periodo legislativo, luego discutirse en el siguiente periodo legislativo, cuando puede ser modificada y aprobada por mayoría absoluta y ser sometida a referendo.

Para promover una nueva Constitución hay tres fórmulas en que la iniciativa la tienen el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía. Ello será por medio de una asamblea constituyente paralela. Si la iniciativa es del Ejecutivo, debe ser ratificada por mayoría absoluta de la Asamblea, si fuese del Legislativo requiere las dos terceras partes de los votos de la Asamblea y si fuere por iniciativa ciudadana se requerirá el 20% de los votantes del Registro Electoral, al 31 de diciembre del año posterior a la propuesta.

Varios expresidentes y el actual han prometido proponer una nueva Constitución y todos han incumplido sus promesas. El presidente Varela justifica su incumplimiento sobre la premisa de que la sociedad no está preparada para tal cambio. La primera razón por la que los mandatarios han incumplido es porque la Constitución, vigente les otorga poderes propios para controlar toda la estructura política y administrativa del Estado. Por otra parte, embarcarse en reformas o en una nueva carta magna requiere peso y seguridad política. Las constituciones son actos de fuerza política, y las condiciones las impondrá el más fuerte. El actual gobierno carece de esa fuerza. Ello implicaría difíciles negociaciones en las que deberá otorgar ventajas y canonjías a los partidos y a los grupos de poder, debilitando su ya limitada posición. Una constituyente implicaría que las fuerzas políticas, motivadas por sus propios intereses, crearían alianzas o bloques para institucionalizar mejores posiciones políticas y desnaturalizar más nuestra débil democracia. Es una vergüenza que la democracia panameña se vea sometida al chantaje político que puede surgir al intentar crearse una nueva Constitución. Tal vez el presidente tenga razón en que la sociedad no está preparada para una constituyente, sobre todo, la sociedad política conformada por partidos sin ideologías, convertidos en máquinas electoreras que promueven el clientelismo y el populismo como herramientas de gobierno, preñados de oportunistas y corruptos. Sociedad de la que los estamentos de gobierno no están excluidos. Mientras la Constitución sirva para los fines ya demostrados de gobernantes corruptos y oportunistas, con una población carente de cultura general y política, sumida en antivalores, y los intereses económicos puedan manipular los hilos del poder, no habrá la posibilidad de promover una nueva y justa Constitución. Qué pena.

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