SOCIEDAD

La corrupción es un problema de cultura: Manuel G. Burgos V.

El tema de la credibilidad en materia política y la desestabilización de la institucionalidad democrática no es nuevo en Panamá, por lo que no es patrimonio del gobierno de Ricardo Martinelli.

Lo anterior queda evidenciado en el Informe de Desarrollo Humano del 2007–2008, que se refirió a la “institucionalidad democrática” en Panamá, y que nos indica que, en cuanto a gobernabilidad, no se cumple con los acuerdos, impera el beneficio personal sobre el interés colectivo, hay arbitrariedad en algunas decisiones públicas, no se sancionan las faltas y se promueve la impunidad; lo que acarrea deslegitimación, clientelismo y corrupción.

Con respecto a la gestión pública, encontró que hay poca división del trabajo, se funciona con muy altos costos, no se trabaja por resultados y no se coopera en acciones; por lo que se tiene muy bajo impacto en las intervenciones del sector público; se promueve el centralismo y la ineficiencia. Referente a la cultura, se identificó que no hay valores aplicados, no existe una cultura de cooperación, se funciona y trabaja en base al amiguismo y existe una falta de participación en acciones con fines colectivos; lo que nos trae como consecuencia: el relativismo ético, desconfianza, bajo capital social, ciudadanía incompleta. Por último, en el tema de desarrollo o bienestar se encontró que hay una gran falta de oportunidades, una sustancial diferencia entre áreas y grupos, no se crean capacidades; lo que se traduce en baja equidad, desigual calidad, baja sostenibilidad.

Por sector, el 96.5% percibe corrupción en los partidos políticos, 78.4% en las empresas privadas, 73.6% en los ciudadanos, 65.4% en los medios de comunicación y 54.9% en las familias.

El panameño percibe que el 91.6% de los actores claves en el país faltan a las reglas del juego, perjudicando a todos. Y el 68.6% piensa que es más fácil no respetar las reglas. El 51.7% piensa que puede que le moleste la falta de prácticas de valores, pero no hace nada. El 54.6% piensa que la guía de conducta es el interés personal, y que solo el 10% lo hace por el beneficio general. El 50.2% se inscribe en un partido político para buscar beneficios personales; el 30.5% lo hace para tener un empleo; y solo el 6.3% lo hace por seguir sus ideales.

Por lo anterior, concluimos que el problema de la credibilidad y de la institucionalidad es estructural; es un problema sistémico cuya responsabilidad recae en toda la población. Nada cambiará, si no cambiamos todos. El gobierno de Martinelli no es diferente al de Mireya, al de Pérez Balladares o al de Torrijos, todos envueltos en escándalos por corrupción, abuso del poder y por violentar la Constitución, ¿ya los olvidamos? El gobierno actual ha sido más eficiente o descarado en aprovecharse de las deficiencias estructurales y sistémicas de nuestra frágil democracia, esa es la única diferencia.

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