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FUERO ELECTORAL

De cuestionable constitucionalidad: Juan Manuel Castulovich

El Tribunal Electoral (TE) ha pretendido zanjar la polémica que desató con su interpretación sobre la aplicación del denominado fuero electoral a los procesos que tramita el Ministerio Público, con la promulgación de un nuevo decreto, el número 22, con fecha 5 de octubre de 2015, que reforma el artículo 10 del decreto número 11 del 2008, que regulaba los fueros electorales, penal y laboral.

La nueva norma dispone, cambiando lo que estipulaba la norma reformada, que los procesos en los que se investiga a personas aforadas o que invoquen ese beneficio, junto con no aforados, solo deben interrumpirse para los aforados; pero no para los que no estén amparados por ese privilegio. La aparente solución salomónica del TE tiene más inconvenientes que virtudes.

Como se recordará, ateniéndose al tenor literal del artículo 10 del Decreto número 11 de 2008, la procuradora general de la Nación y las fiscalías que de ella dependen decidieron suspender la tramitación de aquellos procesos en los que figuran personas que invocaron el fuero penal electoral, hasta tanto el TE dilucidara su estatus. La norma era del siguiente tenor: “Tan pronto una persona amparada por el fuero penal electoral, lo invoque, o la autoridad a cargo del expediente correspondiente tome conocimiento del mismo, por cualquier vía, deberá suspender el proceso y solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero, so pena de viciar de nulidad lo actuado”.

La norma anterior, al ser reformada, ha quedado así: “Tan pronto una persona amparada por el fuero penal electoral lo invoque, o la autoridad a cargo del expediente tome conocimiento del mismo, por cualquier vía, deberá suspender el proceso solo respecto al aforado, y solicitar al Tribunal Electoral su levantamiento, so pena de viciar de nulidad lo actuado”.

Al comparar los textos anteriores, la diferencia es obvia. El TE con su nuevo decreto ha pretendido superar el estancamiento de los procesos suspendidos, que ordenaba la norma reformada, indicándole al Ministerio Público que debe continuar con la tramitación de los casos, pero excluyendo a las personas aforadas, hasta tanto él, el Tribunal, resuelva el levantamiento del fuero. Ante esa salida, cabría preguntarle al TE: ¿No hubiera sido más sencillo que, en lugar de alimentar la controversia colocando al Ministerio Público en la imposibilidad de seguir la nueva disposición, el Tribunal resolviera con prontitud los levantamientos de fueros que tiene pendientes?

El Ministerio Público, así debió preverlo el Tribunal, no puede atender la nueva disposición, plasmada en la reforma del artículo arriba transcrito, pues si así lo hiciera, estaría aplicando a procesos ya iniciados una norma dictada con posterioridad y, por tanto, se expondría a que las defensas de los que siguieran siendo investigados, con razón demandaran la nulidad de los procesos.

Pero el embrollo procesal que ha patrocinado el TE tiene otras aristas que es oportuno destacar, sin, por el momento, entrar a la discusión de la más que dudosa constitucionalidad, tanto del decreto reformador como del reformado. Ese solo tema justificaría un escrito separado.

En los decretos de marras, por ejemplo, se tipifican nulidades procesales, en una flagrante violación, por desbordamiento de sus competencias por parte del TE, de los ámbitos reservados a la ley. Mediante esos decretos, como puede apreciarse de su simple lectura, antes que reglamentar disposiciones del Código Electoral, se crea legislación.

La facultad de investigar los delitos y a sus autores es competencia del Ministerio Público y el TE, so pretexto de aplicar, interpretar y reglamentar la ley electoral, no puede marcarle pautas a la acción del Ministerio Público.

El Ministerio Público ha actuado con propiedad y respeto a la Constitución y la ley. El TE ha hecho todo lo contrario. Y la manera de superar el aparente impasse creado por las decisiones del Tribunal, oficiosas o expresadas en forma de decretos, es que este decida, sin mayor dilación, las solicitudes de levantamiento de fueros que tiene pendientes de resolver.

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