RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La cultura del prepago: Roberto Montañez

Las telecomunicaciones constituyen un servicio público regulado por la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, cuyo objetivo es acelerar la modernización y el desarrollo del sector, promoviendo la inversión privada en el mercado mientras garantiza la calidad de servicios con tarifas bajas. La libre empresa, la competencia, la apertura comercial y la modernización del Estado son parte del ambiente económico y el sano desempeño empresarial, sin embargo, la satisfacción de los usuarios debe ser la prioridad esencial.

La palabra prepago se traduce como pre-paid en inglés y es una retribución por anticipado de un servicio. Miles de millones de balboas (dólares) se mueven en la economía panameña con la entronización de la cultura del prepago masificada en la telefonía celular, internet, corredores, transporte en el Metro Bus y las ofertas de multivacaciones (que incluso pueden llegar hasta seis meses antes de utilizar la reservación).

Esta modalidad es una inversión segura y redituable a corto plazo y, por su alta rentabilidad, genera exorbitantes ganancias, sin mayores riesgos al prorratearse masivamente y permanentemente entre los usuarios. En términos, simples se opera con el dinero del usuario, que paga anticipadamente, sin considerarse los intereses que podrían derivarse de los saldos de un capital flotante que se suma a las utilidades de los concesionarios.

Algunos podrán alegar que la modernización de estos servicios es el costo que se debe solventar para acceder a innovadoras tecnologías. La tarjeta de prepago es una atractiva modalidad que no discrimina entre sus usuarios (en su mayoría de los sectores populares), quienes tienen como única alternativa la telefonía móvil con algunos incentivos, pero con el gravamen del 7%. De acuerdo a estadísticas de ASEP, más de 7 millones de panameños son abonados de la telefonía celular, de los cuales casi los 7 millones, es decir un 98% corresponde a servicios de prepago. No hay regulación sobre los intereses de los saldos de las tarjetas prepago, por tanto, no solo se debe supervisar la calidad del servicio y los aspectos tarifarios, sino el destino de los intereses de los saldos de estas actividades monopolísticas. En el caso del transporte urbano hay que costear de antemano para recargar las tarjetas, sin mayores incentivos, un negocio rentable monopolizado, que aunque es indispensable, no conlleva incentivos para los usuarios. El pago de peajes en los corredores como en el transporte público es una obligatoria y novedosa herramienta que funciona con tarjetas recargables con un chip que almacena la información del monto cargado.

Como vemos, estamos en presencia de una tendencia global que se ha extendido con una amplia difusión por toda la región tras la privatización de las telecomunicaciones y los servicios básicos. No hay opciones, el usuario está condenado a ajustarse a una conducta uniforme que se impone en la sociedad al tener que comprar de antemano un servicio que se utiliza según su capacidad económica. Los defensores del prepago alegan logros sociales, educativos y técnicos en el aprendizaje y organización de un sistema que facilita la comercialización en un mercado no bancarizado. Además de ofrecer una nueva alternativa de pago para los usuarios que prefieran no utilizar su tarjeta de crédito o que no califiquen para el crédito local. Incluso afirman que representa una mayor seguridad (control del presupuesto y riesgo delimitado) y, que sin el prepago se gasta más de lo que se pagaría con prepago, por tanto, genera una cultura del ahorro, dado que no se gasta sino cuando se necesita el servicio.

Cualesquiera que sean las bondades, se advierte una creciente apertura hacia nuevos servicios, un ejemplo es Chile con la TV prepago; la energía eléctrica prepagada en ciudad de León, México, y el agua prepagada en Medellín, Colombia. Tendencia que podría ampliarse a otros servicios básicos en Panamá. La masificación del prepago, con sus ventajas y desventajas, nos hace reflexionar que la modernización conmina irremediablemente al usuario a aceptar los términos de contrato civil adhesivo, en el que no hay autonomía de la voluntad de las partes ni concesiones recíprocas, sin mayores garantías, quedando en un estado de indefensión al estar sometido al escarnio de las reglas del mercado. Por el principio de justicia distributiva y responsabilidad social empresarial de los agentes concesionarios (que se llevan desproporcionadas ganancias), el Estado, sin alterar los términos de estas concesiones, debe introducir una reforma a la ley que conlleve a la compensación social, redituando en forma perceptible los intereses de los saldos anticipados para destinarlos a la erradicación la pobreza extrema y a mitigar los efectos de los desastres naturales en nuestro país.

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