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¿Quién defiende al Canal?: Franklin Castrellón

Cuando el Canal de Panamá era administrado por los norteamericanos, los ingresos directos que aportaba al Gobierno eran exiguos. Tan así, que en 85 años bajo control de Estados Unidos, el Canal generó beneficios directos por $4,753.5 millones, un promedio de $21.5 millones anuales.

Para fines de precisión histórica, cabe observar que el Tratado Hay–Bunau Varilla de 1903 fijó una anualidad a Panamá de $250,000 en moneda de oro. El Tratado de Amistad y Cooperación de 1936 aumentó la anualidad –con efecto retroactivo a 1934– a $430,000, y el Tratado de Mutua Cooperación y Entendimiento de 1955, efectivo en agosto de ese año, la incrementó a $1,930,000.

Fueron los Tratados Torrijos–Carter los que determinaron una mayor participación de Panamá de los beneficios del Canal, cuando estableció una anualidad fija de $10 millones, una participación inicial de $0.32 por tonelada, un reembolso anual de $10 millones por servicios públicos, y una suma contingente de hasta $10 millones en el caso de que se produjesen excedentes. Solo en el primer año de vigencia de este tratado, los beneficios directos de Panamá se dispararon a $65 millones. Y al expirar los tratados en 1999, la participación de Panamá por tonelada del Canal, la cual se calculaba conforme al índice de precios, había aumentado a $0.42.

Bajo administración panameña, los aportes del Canal al fisco y al desarrollo de Panamá han sido extraordinarios. En los primeros 12 años (2000-2011), los aportes directos ascendieron a $6,576.3 millones (promedio de $548 millones anuales), suma muy superior a lo aportado por la administración norteamericana en 85 años. Esos resultados no son producto de la casualidad; reflejan el talento y patriotismo de una administración panameña que ha cambiado una cultura no lucrativa por una que optimiza los beneficios para Panamá y los panameños basado en el moderno concepto de “valor de la ruta”.

Pero mientras el Canal aporta cuantiosas riquezas llamadas a beneficiar al pueblo panameño, muchos de esos recursos han sido despilfarrados por políticos cuya codicia solo es comparable a la de los banqueros de Wall Street que causaron la crisis financiera mundial. Y para complicar las cosas, ahora se han sumado a esta repartición los trabajadores contratados por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), llevados de la mano por dirigentes de Suntracs y la ministra de trabajo, Alma Cortés. Examinemos lo que ha ocurrido.

La Ley Orgánica de la ACP coloca el manejo de los conflictos laborales de contratistas de la agencia canalera bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Las relaciones obrero–patronales de los trabajadores de GUPC se rigen por el convenio Capac–Suntracs, que rige hasta el 2014. La gran mayoría de los empleados empezaban una nueva fase de la obra, por lo que apenas habían firmado el 3 de enero de 2012 su contrato con GUPC. Pocos días después, los trabajadores paralizan las obras y reclaman nuevos aumentos y mejoras en las condiciones de trabajo. Los obreros denunciaron que trabajaban en condiciones deplorables, algo que debió ser subsanado sin la necesidad de huelga, pues existe un proceso para resolver estas situaciones. Además, el Ministerio de Trabajo, en su habitual inspección de las obras, debió haber detectado esas condiciones y exigirle a la empresa que las resolviera.

Al cabo de varios días de huelga, a solicitud de los trabajadores, ingresa al proceso de mediación la ministra Cortés y comienzan las propuestas y contrapropuestas. Bajo el contrato con la ACP, el contratista, luego de alcanzar un progreso de 25% en la ejecución de la obra, podía acceder a un aumento a los trabajadores, en cuyo caso la ACP asumía el 70% del costo del aumento de la planilla básica y el sobretiempo de los panameños, mas no las prestaciones.

Hábilmente, la empresa se aferra a que el aumento se apruebe por medio de una ley o decreto Ejecutivo y no por una convención colectiva, en cuyo caso la totalidad del aumento lo absorbe la ACP. En el proceso negociador, algunos dirigentes alegaban que el Canal era de ellos y que estaban dispuestos a paralizar las obras por el tiempo que fuese necesario hasta que se atendieran sus reclamaciones. Incluso hubo amenazas de que la experiencia en el Canal sería peor que la de Bocas del Toro.

Y en medio de un escenario crispado, la ministra enciende aún más los ánimos amenazando con paralizar las negociaciones porque ella tenía un viaje y el Presidente de la República debía viajar al Foro Económico Mundial que se iniciaría el 25 de enero en Davos, Suiza. Bajo su escala de valores, estos viajes eran más importantes que proteger los intereses del Canal y de Panamá.

Tal vez atemorizada por las reacciones, la ministra optó por el camino del menor esfuerzo: aprobar los aumentos por vía de una ley, lo que relevaba de responsabilidad a la empresa, cargándole la mano a la ACP. El golpe dado por la ministra a la “gallina de los huevos de oro” cargará las finanzas de la ACP en unos $50 millones por lo que resta de la obra, incluyendo costos diferenciales de turnos, sobretiempo, decimotercer mes y otras prestaciones. En el escenario descrito, tengo la impresión de que los depredadores del Canal no están afuera; están dentro de nuestro territorio. ¡Y son nacionales!

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