EL MALCONTENTO

No hay democracia sin derechos humanos: Paco Gómez Nadal

¿Cómo explicar el dolor y el asco que produce constatar que el ya expresidente Ricardo Martinelli tuvo la desfachatez inhumana de firmar indultos para los policías condenados por el asesinato de cinco muchachos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen? El descaro, la actitud demente y el irrespeto democrático de Martinelli y los suyos superó cualquier escenario que nos hubiéramos podido imaginar. Recuerdo perfectamente que una de las últimas acciones en la que pude participar como miembro de Human Rights Everywhere (HREV) en Panamá fue la visita a ese centro de “corrupción” de menores de Tocumen tras los sucesos dramáticos del 9 de enero de 2011, por los que, por cierto, jamás nadie pagó por la autoría intelectual.

Entramos al centro varios activistas y defensores de derechos humanos y, si ya conocíamos la deleznable situación de los presidios panameños, el sentimiento de horror se multiplicó al ver que los menores de edad también sufrían condiciones que atentaban contra la dignidad y el respeto de sus derechos.

Unas semanas después, el Gobierno de Panamá nos expulsaba del país, como ahora hace el de Guatemala con los miembros de Brigadas Internacionales de Paz que protegen allí a las defensoras y defensores de derechos humanos.

Vimos y contamos en un informe las condiciones del Centro de Cumplimiento de Tocumen, vimos las brutales consecuencias de la acción del Senafront o de la Policía Nacional en las protestas de Bocas del Toro o de la comarca Ngäbe-Buglé, comprobamos el hostigamiento a activistas o miembros de organizaciones que trabajan por esos derechos en el país... Los últimos cinco años no han sido de lucha, sino de demencia en esta materia.

Y, por mucho que alguien lo pretenda, no puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos y sin una institucionalidad bien aceitada para garantizarlos.

Panamá está en mora en este aspecto y por ello, nada más conocer la victoria electoral de Juan Carlos Varela le hicimos llegar a él y a su vicepresidenta una carta recordando lo importante que es que este gobierno, si quiere “recuperar la democracia”, debe atender los principales retos en la materia.

En esa misiva, recordábamos al menos cinco grandes retos. El primero es abrir procesos de verdad, justicia y reparación efectivos en los casos de violaciones de derechos humanos. Detrás de ellos se esconden repetidos ejemplos del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, de impunidad y falta de depuración respecto a las responsabilidades administrativas y penales de funcionarios (algunos, aún en sus cargos).

El segundo consiste en la revisión del marco legal que, en los últimos años, se ha debilitado en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos e, incluso, en la sanción de los victimarios. Hay que revisar, por ejemplo, la Ley 74 de 2010, que limita la judicialización y detención de agentes de Policía involucrados en delitos, la recientemente aprobada Ley 7 de 2014 y su artículo 40; así como la equiparación de la legislación nacional al marco internacional del que Panamá es signatario y la verdadera implementación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contenidas en el Examen Periódico Universal de 2010 y su revisión de 2013.

También es clave, como tercer asunto, la equiparación de la seguridad jurídica de los derechos humanos y la seguridad jurídica comercial y de inversiones, ya que Panamá mantiene un grave desbalance entre la seguridad jurídica que proporciona a inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente relacionados con megaproyectos, y la inseguridad jurídica en la que vive la población afectada por los mismos.

No parece un asunto menor el imprescindible y siempre aplazado plan de choque ante la crisis del sistema penitenciario. Tal y como lo señalaba la Alianza Pro Justicia de Panamá en su carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de este año, la situación de las personas privadas de libertad en Panamá viola cualquier marco nacional o internacional de derechos humanos.

Por último, aunque no hay un orden de prioridad en esta lista de mínimos, hay que superar el ataque sistemático que ha ejercido el gobierno saliente contra aquellos que han criticado su gestión. Hay que tomar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, el establecimiento de una política pública de relación con los medios que elimine la arbitrariedad política en estas y que garantice el acceso libre, gratuito y eficaz de todos los ciudadanos a la información pública.

No es mucho y lo es todo. Si no hay medidas claras en estas direcciones –y en otras que seguro se nos escapan–, no se podrá restaurar la mermada confianza ciudadana en las instituciones. No hay democracia sin derechos, no hay derechos sin instituciones democráticas.

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