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REGLAS CLARAS

El estado de derecho: Johnny Sáurez Sandi

En un real y efectivo estado de derecho el ejercicio del poder y de quienes ejecutan todas las actuaciones propias de la administración de la cosa pública, están debida y claramente enmarcadas en la legislación vigente; es el espacio y el tiempo en que las libertades individuales se respetan y el Estado funciona dentro de un esquema consensuado, de pesos, contrapesos y frenos, emanados de una irrestricta división y separación de funciones claramente diferenciadas de todos los poderes u órganos públicos.

No debemos olvidar que el poder reside en las instituciones y no en aquellas personas que pasajeramente las comandan, bajo el mandato de los ciudadanos y bajo las reglas preestablecidas por la legislación interna.

El estado de derecho se desarrolla a partir de instituciones democráticas, de voluntades no coaccionadas y, en este sentido, el Art. 2 de la Carta Democrática Interamericana reza: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética, crítica y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Es necesario, no solo, que exista ese derecho, sino que el Estado garantice su aplicación de manera consecuente, a fin de garantizar su propio accionar y, también, la plena realización del conglomerado social. En esta línea de pensamiento, el Art. 3 de la carta mencionada dice: “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Siendo que está regulado y definido lo que entendemos por estado de derecho, no se justifica que algunos detentadores del poder temporal confundan el mandato ciudadano y renieguen de sus límites, asumiendo actitudes dictatoriales o cuasi dictatoriales, que merman el avance de la construcción de relaciones humanas equilibradas e institucionales socialmente saludables. Es de esperar que en un estado de derecho funcional todos respeten la institucionalidad, sin distingo de que sean administradores o administrados. Los equilibrios institucionales no se deben manosear o mover con fines particulares de grupúsculos y en detrimento del estado de derecho. Los pilares del edificio social, como la división de poderes, el respeto a los derechos ciudadanos, las libertades de expresión y prensa, la autonomía de los órganos de la administración superior, entre otros, deben funcionar según las normas constitucionales positivas y vigentes.

La ley es la guía bajo la que se deben someter todos los actores sociales. Solo la ley y su obediencia estricta generan paz social, orden y claridad en el panorama y el espacio que cada ciudadano tiene para construir su existencia y colaborar en la construcción de la sociedad como un todo coherente.

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