EN ARAS DE LA PAZ Y EL PROGRESO NACIONAL

El derecho de todos: Rimsky Sucre B.

Usted tiene derecho a querer establecer una explotación minera en cualquier lugar del país, de hecho, es probable que desde la década de 1960, usted venga añorando esto.

Por otro lado, usted o cualquier otro ciudadano puede estar de acuerdo en que, producto de las explotaciones mineras o de otros recursos nacionales, se produzcan beneficios enormes para consorcios y naciones extranjeras, con ridículos réditos porcentuales inmediatos para el país.

Muchos panameños y yo tenemos el derecho de no estar de acuerdo con este tipo de explotaciones, basados, no el rédito inmediato, sino en los perjuicios a corto, mediano y largo plazo.

Ya habíamos advertido de los perjuicios enormes que traería el empecinamiento en el desarrollo minero y en el acaparamiento oficioso de los recursos hídricos que se viene promoviendo desde hace varias administraciones. Vemos ahora, con pesar, la utilización costosísima de recursos del Estado y en sufrimiento humano (tanto de soldados como de humildes coetáneos), en promover y apuntalar un desarrollo minero y explotación de recursos hídricos para el beneficio de corporaciones anónimas, a pesar del rechazo mayoritario nacional.

Nuestra población indígena ha sido puesta en posición insostenible, de bloqueo vial, para justificar la agresión física peligrosa que hoy se lleva a cabo, puesto que la provocación legislativa es tan inconcebible y letal como lo fue la “ley chorizo”, y la solución obvia estuvo siempre allí.

Entre dos millones y un millón 400 mil indígenas habitaban el istmo de Panamá antes de la conquista. Solo llegamos al millón de habitantes, 450 años más tarde (¿recuerdan al niño millón de 1958?), esto a pesar de las inmigraciones española, africana, antillana, china, francesa, norteamericana y tantas otras, con todo y nuestro alto índice de natalidad. ¡Qué exterminio!...

Nuestros pueblos originarios han sido gradualmente expulsados de las mejores tierras que habitaban (llanuras, valles, costas, praderas), no quedándoles más remedio que sobrevivir en las tierras más inhóspitas, improductivas y montañosas, y ahora resulta que les quieren imponer –a sangre y fuego– la explotación de sus recursos naturales a un alto costo; utilizando los fondos del Estado y nuestros impuestos para satisfacer ambiciones mezquinas y anti-natura, con la excusa de un mal llamado: desarrollo (in) sostenible.

Los indígenas han recurrido a la Presidencia de la República: durante el gobierno de Martín Torrijos, y les atendió después de semanas de acampar en una plaza pública sin conseguir resultados; al contrario, comprometió al país a explotaciones mineras a cielo abierto y con concesiones del recurso hídrico en el ámbito comarcal y nacional; ellos también caminaron ante el excelentísimo presidente Ricardo Martinelli y no los recibió, al igual que lo hizo la Asamblea Nacional durante las recientes sesiones del parlamento para modificar lo pactado previamente.

Tienen todo el derecho, histórico y de sobrevivencia cultural en sus reclamaciones. Los que estamos por la defensa de los recursos naturales, por la naturaleza y por un desarrollo que tome en cuenta la consulta a los directa e indirectamente afectados, para la promoción del desarrollo sostenible, tenemos derecho a tomar posiciones, a opinar y a oponernos.

Esta lucha no es ngäbe, es nuestra. Contrario a las grandes corporaciones que se benefician de las explotaciones de nuestros recursos naturales nacionales, con socios anónimos, Jerónimo Rodríguez Tugrí y las demás víctimas de la represión, no son anónimos, son dignos seres humanos, ciudadanos de este país, y el Gobierno olvida que el mayor recurso natural del país es su gente.

Eso sí, los ngäbe no tienen más terreno que ceder ni riquezas que perder, es por ello, señor Mulino y apreciados amigos de los servicios seguridad del Estado, que esta confrontación está estratégicamente perdida.

Señor Presidente, no permita que por malos consejos descarrilemos, aún más, la paz y el progreso nacional.

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