CONDENA INTERNACIONAL

Los derechos humanos en serio: Francisco Díaz Montilla

El Estado panameño ha sido condenado por violación a los derechos humanos en varias ocasiones (véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Sentencia de 2 de febrero de 2001, Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá); Sentencia de 12 de agosto de 2008, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá y Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Caso Vélez Loor vs. Panamá).

La última condena ha sido proferida en sentencia del 14 de octubre de 2014, por el caso de los pueblos indígenas guna de Madungandí y emberá de Bayano y sus miembros vs. Panamá, por los hechos que ocurrieron como consecuencia de la construcción de la represa Hidroeléctrica de Bayano entre los años 1972 y 1976.

De acuerdo con los criterios de la CIDH, el Estado panameño violó los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1. Artículo 21, numeral 1, referente al derecho de toda persona al uso y goce de sus bienes.

2. Artículo 2, referente al deber del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno a las disposiciones convencionales, con respecto a medidas que garanticen los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas (Art. 21), garantías judiciales (Art. 8) y protección judicial (Art. 25).

3. Artículos 8, numeral 1, y artículo 25 con relación a la obligación de los Estados de respetar los derechos reconocidos en la Convención (Art. 1.1).

Por lo anterior, de acuerdo con la sentencia de la CIDH, el Estado panameño debe tomar medidas de no repetición, publicar la sentencia en un plazo de seis meses desde la notificación de la misma; reconocer públicamente su responsabilidad internacional por los hechos; demarcar las tierras de las comunidades involucradas (Ipetí y Piriatí Emberá) y titular las tierras Ipetí como derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Ipetí Emberá; dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado dentro del territorio de la comunidad Emberá de Piriatí y pagar, en el plazo de un año, 2 millones 624 mil 425 dólares en concepto de daños materiales, daños inmateriales, costas y gastos, y fondo de asistencia legal a las víctimas.

Las sentencias condenatorias ponen de manifiesto la necesidad de que el Estado panameño empiece a tomarse los derechos humanos en serio. Esta necesidad apunta a dos aspectos. El primero, que los servidores públicos ajusten sus actuaciones a las exigencias de derechos humanos; el segundo, como precondición del primero, adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias convencionales, derogando lo que haya derogar.

Esto último es particularmente urgente, si se tiene presente que el ordenamiento jurídico panameño es, en muchos aspectos, fuente de discriminación. Sobre todo en materia de pueblos indígenas, pareciera haber una concepción social e institucionalmente arraigada, según la cual se trata de objetos de los que se puede disponer o de grupos culturalmente inferiores. Así, leemos en el Código Administrativo, artículo 1746: “El Poder Ejecutivo procurará por todos los medios pacíficos posibles la reducción a la vida civilizada de las tribus salvajes que existan en el país”, y en la Constitución Política, artículo 22: “La política establecida para el desarrollo de este Capítulo (se refiere al Régimen Agrario) será aplicable a las comunidades indígenas de acuerdo con los métodos científicos de cambio social”.

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