PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Las detenciones preventivas

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Las detenciones preventivas

Desde la década de 1980, en toda Latinoamérica se dio una reforma procesal penal para cambiar las normas propias de la justicia de la inquisición que imperaban en nuestros países, y trasladarnos a una justicia apegada a las normas de los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Fue en el año 2008 que en Panamá, por primera vez, la justicia penal ve luces de “garantismo”, agilizando los procesos, promulgando el principio acusatorio, el cual le quita las aberrantes facultades jurisdiccionales al ente de investigación y designando jueces de garantías, entre otras novedades; reduciendo así las constantes violaciones de los derechos humanos de todos aquellos que se ven involucrados en un proceso penal.

A mi criterio, el cambio más significativo lo ha sido la tutela efectiva del derecho fundamental a la presunción (o para algunos autores, estado) de inocencia y a la libertad personal, derechos reconocidos en el artículo 22 y 21 de la Constitución Política de la República de Panamá, respectivamente.

Antes, cuando se iniciaba una investigación criminal, se ordenaba por parte de los fiscales la detención preventiva, aunque el artículo 2129 del Código Judicial establecía la detención preventiva como medida excepcional, y solo cuando las demás medidas cautelares personales resultasen inadecuadas, el Ministerio Público la aplicaba automáticamente y sin cumplir en lo más mínimo con los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la misma.

¿Cuál es la realidad actualmente? Al tener un juez de garantías que tutela la real necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la privación de la libertad de una persona sobre la cual no pesa aún una sentencia condenatoria; se ha logrado disminuir la aplicación de esta medida. El costo que pesa para todos de mantener a personas en la cárcel que puedan ser inocentes es de unos 20 millones de dólares al año, aproximadamente.

Según las estadísticas mensuales de la Dirección General del Sistema Penitenciario, para el mes de junio de 2017 había 8 mil 947 personas procesadas en las cárceles de nuestro país, o sea, un 55% del total de los presos.

Al parecer, la reciente implementación del sistema procesal penal de corte acusatorio en los distritos judiciales más “taquilleros” de nuestro país no permite medir un resultado favorable para el sistema.

¿Pero son esas 8 mil 947 personas presas sin condena responsabilidad del nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio? Pues no.

Una gran cantidad de estas personas está a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que ve en segunda instancia las apelaciones de sentencias, fianzas, solicitudes, habeas corpus, entre otros, sin dejar de lado los procesos de homicidio y tentativa de homicidio que ven como primera instancia en el Primer Distrito Judicial de Panamá.

Tenemos miles de personas que tienen “años” esperando por una resolución que defina su situación jurídica, muchas de ellas en las cárceles de nuestro país. La mora judicial es impresionante, y soy del criterio, como litigante, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá está colapsado.

Aun cuando sobrevivas para leer un fallo emitido por este Tribunal, las motivaciones y fundamentaciones jurídicas de estos no son de esas que hacen jurisprudencia.

Con la extraordinaria iniciativa legislativa de brindarle competencia a los nuevos jueces de cumplimiento del sistema acusatorio para controlar la ejecución de las sentencias de las personas condenadas bajo el sistema inquisitivo, se ha dado un enorme avance en pro de lograr el fin resocializador y de reinserción social de la pena, además de reducir un poco el inhumano hacinamiento penitenciario que existe en nuestras cárceles, hacinamiento que se burla del artículo 28 de nuestra Constitución Política, que prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Pero esta reforma procesal conllevó un fenómeno poco usual.

Los presos preventivos están desistiendo de sus apelaciones, ya no les importa que un tribunal superior revise sus sentencias condenatorias, sino que en la desesperación se ven motivados ante la idea que al estar condenados en firme puedan tener acceso al control de sus penas por parte de un juez de cumplimiento, audiencias que se rigen bajo todos los principios del sistema procesal penal de corte acusatorio.

El sistema judicial de Panamá debe exigir de los demás órganos del Estado las reformas legislativas y los fondos que sean necesarios a fin de que puedan subsanar la mora judicial, y cumplir con su obligación de brindar una justicia “pronta y cumplida”, tal como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos.

A esas casi 9 mil personas presas sin condena en Panamá, no les queda más que esperar a que algún día su causa deje de estar “pendiente por resolver”.

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