INESTABILIDAD

En deuda con los funcionarios: Domingo Espinosa G.

El capital humano es el principal activo que pueden tener las empresas privadas o el Estado; con su conocimiento, talento y experiencia sirven a la nación y a todo aquel que necesite de sus servicios.

La buena imagen del Gobierno, que es quien administra el Estado, depende de la labor de sus funcionarios, los que en muchas ocasiones son enviados a capacitaciones costosas, pagadas por las dependencias en las que laboran. Ocurre que muchos de ellos, tras ser capacitados, son despedidos o denigrados a puestos en los que no pueden brindar sus conocimientos. Así se pierde la oportunidad de tener un funcionario especializado. El mal sería menor si fueran reemplazados por otro profesional calificado, pero se nombra a personas con poca o ninguna formación académica o experiencia para el cargo.

Muchos de estos funcionarios migran al sector privado o a otros países en donde sí valoran su capacidad. Esta política absurda se ha repetido, gobierno tras gobierno, cuando el recurso económico destinado a la capacitación se utiliza como botín político, sin considerar el daño que se hace al país a falta de personal calificado. Me gustaría saber el rol de la Defensoría del Pueblo, cuando se presentan este tipo de conflictos.

Lo que no entiende “la clase política” es que muchas posiciones en el sector público solo pueden ser ocupadas por personal especializado, que, incluso, ha llegado a esos cargos por concursos o porque así lo determina la ley.

Con la globalización en marcha y los altos niveles de competencia que exigen los tiempos actuales es hora que dejemos de experimentar; esto interfiere con el buen funcionamiento del aparato estatal. El manejo de ciertas instituciones públicas, por su función especial (Iphe, Idiap, hospitales, entre otras), deben estar a cargo de patronatos que escojan, por concurso, al director o gerente; así se garantiza la selección del más idóneo, lo que generaría confianza, transparencia y credibilidad en el manejo de la cosa pública.

Lejos de esto, la suerte que han corrido los empleados públicos en este país se resume en los siguientes puntos:

1. Son despedidos por miles, cada vez que cambia el gobierno, yéndose solo con la quincena, si es que logran cobrarla. Esto, ante el silencio cómplice de quienes deben defenderlos, sin importar a qué partido pertenezcan.

2. Le pagan el décimo tercer mes sobre la base de B/. 400.00 como tope (cuando se implementó en 1971), mientras que el sector privado se paga sobre el 100% del salario que devenga el empleado.

3. Les deben a los empleados públicos seis partidas del décimo tercer mes desde la década de 1980 y no hay forma humana que obligue a los gobiernos a hacer efectivo ese pago.

4. A muchos los nombran por recomendaciones políticas, sin analizar su competencia para el puesto, lo que trae como consecuencia su despido cuando cambia el gobierno.

5. Para lograr un nombramiento les piden inscribirse en el partido político en el poder, a pesar de que esa práctica raya con el delito electoral (aunque oficialmente lo niegan ). Es una práctica nefasta para la nueva generación de profesionales, quienes en una mano debe llevar el diploma y en la otra el carné del partido.

6. No les pagan sus reclasificaciones y diferenciales a las que tienen derecho por ley. Un ejemplo patético son los funcionarios del sector público agropecuario. A ver cuándo se les hace el milagro, señor ministro.

7. Muchos de estos funcionarios no cuentan con los recursos mínimos para realizar su trabajo, teniendo muchas veces que comprar material con su escuálido salario.

Podríamos enumerar otras situaciones anómalas, pero dejemos la lista hasta aquí por ahora. Si queremos devolverle la tranquilidad y la eficiencia al sector público, se debe restablecer la carrera administrativa como un servicio civil, pero basado en criterios de moralidad, responsabilidad y capacidad técnica. En la ley debe quedar claro que no es requisito que el funcionario público responda a partido político alguno, sino que está al servicio del Estado, y que obtiene el cargo por concurso de méritos a través de un banco de datos transparente. Esto funciona así para los servidores públicos de la Policía Nacional, de los bomberos permanentes, del Tribunal Electoral, del Órgano Judicial, etc.

Se debe establecer, por ley, que el funcionario público, con mando y jurisdicción, que despida ilegalmente a un subalterno, pague la indemnización con sus bienes personales, para ver si así se miden antes de tomar una decisión injusta. Si queremos un Estado de primer mundo, tenemos que romper esos moldes arcaicos que nos mantienen en el atraso y causan perjuicios a la nación y a los inversionistas. Se debe respetar a los funcionarios honestos y competentes, porque ello redundará en beneficio de la sociedad.

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