Exclusivo: El primer capítulo de 'Origen', última novela de Dan Brown, este domingo en la edición impresa de La Prensa.

RETRANCA AMBIENTAL

Una deuda impagable: Reynaldo Pérez-Guardia

Asistimos en estos días a una reafirmación de la política antiambiental, bajo el liderazgo del Gobierno. Se reiteran medidas que afectan las normas fundamentales de conservación ambiental y se favorece el incremento de la inversión inmobiliaria. Lo sorprendente es que instituciones responsables de salvaguardar el patrimonio ambiental del país transgreden principios universales, en detrimento de sistemas ecológicos que nos comprometimos a preservar. Se atenta contra la vida y la diversidad biológica sin medir las consecuencias de tal crimen. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) renuncia a cuidar el patrimonio a su cargo: la protección de manglares y humedales, y apuesta por la desecación de los humedales y la destrucción de los manglares.

La resolución que deroga las tarifas establecidas utiliza los argumentos que dieron motivo a las tarifas de protección establecidas por el gobierno anterior para contrarrestar la presión inmobiliaria (se consideraron insuficientes para la protección y se subieron, ahora se consideran altos para la destrucción y se bajan). Al momento de constituirse la ARAP, solo existía la normativa de Anam que penalizaba con 10 mil dólares la hectárea de mangle talado, lo que se convirtió en una invitación a la tala con el pago de una multa irrisoria frente a proyectos millonarios. Así los promotores preferían talar y después pagar la multa. Por ello, la ARAP dictó la resolución que regulaba las tarifas en 150 mil por hectárea por un permiso de tala de mangle y en hasta 300 mil por hectárea la multa por tala ilegal. La razón era desalentar a los inversionistas a talar el mangle y rellenar los humedales, y estimularlos a incorporar el manglar a sus proyectos, con su belleza escénica y el uso turístico de ese sistema ecológico, lleno de vida natural, de reproducción de especies, anidamiento de aves migratorias, protección de costas, regulador del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos y estabilizador del clima local. Ahora nos enteramos de que la ARAP ha rebajado las tarifas para dar acceso a proyectos inmobiliarios y para que los pequeños inversionistas, también, tengan acceso a la destrucción. Cuesta entender qué mente es capaz de producir semejante barbaridad. Además, la Corte Suprema nos sorprende suspendiendo la Ley de Protección de Humedales de la bahía de Panamá y la zona natural de Donoso, a pesar de compromisos internacionales como la Convención Ramsar relativa a la protección de Humedales de Importancia Internacional como hábitat de aves acuáticas.

Todo esto se produce a las puertas de la Conferencia de la ONU para el Desarrollo Sostenible Río+20, que planteará la evolución de los países hacia “economías verdes” en un contexto de desarrollo sostenible. ¿Tendremos cara para participar en esta? No hay duda de que tenemos una deuda contable con el capital natural, al decir del Banco Mundial. Estas medidas inauditas confirman el fracaso de la inversión local y del gobierno en aprovechar la ventaja comparativa más apreciable de Panamá: su biodiversidad. Aquellos que abogan por colocar el desarrollo y la conservación en un plano contradictorio, han ganado, frente a los que creemos que puede haber desarrollo con conservación.

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