PROMESA PRESIDENCIAL

Por un día de duelo nacional: Olmedo Beluche

¿Cuántas personas murieron durante la invasión estadounidense el 20 de diciembre de 1989? No se sabe. En 26 años ningún Gobierno panameño hizo una investigación. ¿Por qué los gobernantes de todos los partidos, que se han alternado en el poder en este cuarto de siglo, temen que se conozca la verdad sobre la invasión? ¿Les traiciona la conciencia? ¿Temen que su complicidad en el genocidio quede al descubierto? ¿O simplemente no quieren enojar a su amo, el Gobierno de Estados Unidos?

Circula una lista con cerca de 500 nombres de personas fallecidas durante la invasión. Según ese listado, más o menos la mitad de los muertos era civiles y al otra mitad militares caídos en combate. No se sabe la circunstancia, el momento y el lugar de la muerte de cada uno de esos nombres. No está muy claro quién y cómo hizo esa lista. En 1990, cuando redactábamos el libro La verdad sobre la invasión, sabíamos que ya el Comité Panameño de Derechos Humanos manejaba una lista, y se negaron a darnos copia. ¿Cómo la obtuvieron ellos?

La Cruz Roja sí entregó un informe de 2 mil heridos ocurridos durante ese y los cuatro días posteriores. Sabemos que hubo hasta 5 mil prisioneros políticos, la mayoría encerrados en un campo de concentración en el polígono de tiro de Nuevo Emperador. ¿Estas personas fueron resarcidas por sus heridas o por el tiempo de confinamiento sin que fueran acusadas de ningún delito?

En El Chorrillo hubo más de 20 mil damnificados que perdieron sus hogares y se proclamaron “refugiados de guerra”, como dijera el maestro Olivardía, uno de sus dirigentes. Se sabe que muchos recibieron una indemnización por sus enseres y un apartamento, aunque no todos pudieron volver a El Chorrillo.

Lo que no se dice es que el Gobierno estadounidense no pagó ni un centavo de ese dinero, sino que todo salió de las arcas nacionales.

La Cámara de Comercio presentó reclamos por 400 millones de dólares. ¿Alguien valoró las pérdidas a la propiedad pública? No. ¿Qué decir de las pérdidas económicas de los trabajadores que se quedaron sin empleo? A los que hay que añadir los despedidos o que vieron reducidos sus sueldos con “pagarés” y “bonos” desde que empezaron las sanciones económicas en 1988. ¿Alguien estableció la cuantía de la pérdida en ingresos de la clase trabajadora? ¿Se les resarció? No, a ambas preguntas.

¿Toda esta violencia y destrucción fue para “librarnos del dictador”? ¿Por qué no lo tomaron el 3 de octubre de 1989, cuando Giroldi se los ofreció esposado?

Noriega era la excusa, el objetivo imponernos el régimen corrupto, oligárquico y neoliberal que, cambiando la camisa cada cinco años, nos gobierna desde entonces. Por eso, la invasión no es un hecho del pasado, que le ocurrió a la gente de entonces, sino que sus consecuencias las sufren las actuales generaciones.

Hace un año el presidente Juan C. Varela, quien tiene el mérito de ser el primer mandatario que acompañó a los familiares en la romería, se comprometió con el Comité de Familiares de los Caídos en atender sus cuatro reclamos: 1. Declarar la fecha día de duelo; 2. Conformar una comisión investigadora para establecer la verdad de los hechos y la cantidad e identidad real de todos los muertos; 3. Resarcir la memoria histórica rindiendo honor a los caídos con monumentos y en los libros de historia; 4. Acompañar a las víctimas en sus demandas ante el Gobierno de EU.

Hasta hoy, aunque ha habido conversaciones, no se cumplió ninguno de esos compromisos, ni siquiera declarar el 20 de diciembre día de duelo nacional. Cuando el proyecto de ley iba a primer debate en la Asamblea Nacional, en los pasillos se rumoraba que la ausencia de los diputados se debía a que los comerciantes se oponen. ¿Puede más el interés pecuniario de una minoría que el dolor de un pueblo, que el honor debido a seres humanos muertos injustamente? Varela, cumpla su compromiso.

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