La realidad que enfrentan hoy los pacientes oncológicos en Panamá no admite dilaciones ni excusas. Las historias de espera, dolor y trato indigno en el Instituto Oncológico Nacional interpelan al Estado con una urgencia que va más allá de los discursos. La construcción del nuevo hospital representa una esperanza largamente postergada y una obligación moral impostergable.
Pero la urgencia social no puede convertirse en carta blanca. No debe justificar atajos administrativos que produzcan opacidad, menos aún cuando la obra fue adjudicada mediante una millonaria adenda a favor de Constructora Riga, S.A., evitando un proceso de licitación pública y los controles, la competencia y los beneficios que esta apareja. Señalar este hecho no debilita la causa de los pacientes; la fortalece.
Panamá puede —y debe— avanzar en infraestructura de salud con rapidez, pero también con transparencia. La dignidad de quienes luchan contra el cáncer exige hospitales modernos, atención humana y decisiones públicas limpias. Resolver una deuda histórica no puede hacerse creando otra: la de normalizar la opacidad cuando más confianza ciudadana se necesita.