ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Los garantes de la corrupción: Efraín Hallax

Si el gobierno hubiese repartido a cada panameño la mitad de lo que ha despilfarrado, todos seríamos ciudadanos de clase media. Sin embargo, se bota el dinero en asfalto corrompido, licitaciones amañadas y coimas millonarias; detrás de ello, políticos inescrupulosos apoyados por una burocracia perversa e innecesaria.

El gobierno es un ente improductivo; es un parásito que vive de sus ciudadanos, gastándose todo lo que ingresa y brindando servicios que distan siquiera de ser satisfactorios.

No hay límite para las marabuntas en el gobierno. Viajes, joyas, choferes para pasear perros, cuentas abultadas de banco y un largo etcétera.

Prueba de esta podredumbre es un sistema de justicia injusto, diputados paviolos y clientelistas y lentitud burocrática en la satisfacción de las legítimas demandas ciudadanas.

La Policía ha logrado recuperar algo de su maltrecha imagen, pero ha vuelto atrás ante las pretensiones de sus comisionados, con el apoyo del presidente, de hacerse de más privilegios a costa del contribuyente. Antiguamente, las llamadas Fuerzas de Defensa aterrorizaron a los ciudadanos, convirtiéndose en verdugo de aquellos a quienes juró defender, mientras sus líderes y allegados se enriquecían a placer. Pero en democracia nada ha cambiado.

No hay diferencia entre la corrupción colectiva de militares, civiles, empresarios, campesinos y sindicalistas amigos del poder, con los “círculos cero” de hoy día. La regla es que si llegas al gobierno debes aprovechar el poder. No son todos, pero el problema es que la justicia no toca a los facinerosos y esto sirve de estímulo a sus sucesores.

Aquel grupo de militares corruptos dio legitimidad a su brazo político denominado Partido Revolucionario Democrático (PRD), que lideró hasta hace poco todas las encuestas de corrupción. Pero el actual gobierno poco o nada tiene que envidiarles. Cada vez que hay un escándalo, la solución es viajar con viáticos gubernamentales.

El método funciona, pues con ello también se benefician las empresas de viajes. “El pueblo al poder” decían los de antaño; “el pueblo primero” los de ahora, pero los resultados son los mismos.

Nada es más perverso y criminal, que aquellos maleantes de saco y corbata, pobres tanto en neuronas como en valores, con aura de entendidos en todas las ciencias y complejo de “papi rareza”, llevados al poder político por un sistema corrupto. Esta subclase no puede existir ni sobrevivir si no es en el gobierno.

Lo último ahora en la agenda es la Caja de Seguro Social (CSS) y el Canal de Panamá. Por laborar en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) solo diré lo siguiente: su junta directiva debe dar el ejemplo, separando el provecho personal de las actividades canaleras.

Con actitudes como las que han permeado a la opinión pública se vulnera aquel ethos del canalero de que somos la entidad transparente por excelencia. Por ser la ética pilar fundamental de su estructura, el canalero es orgulloso de su agencia y su trabajo. Su directiva no debe servir de instrumento para negociados, ni sus miembros impulsar denuncias irresponsables. Si ocurre algo irregular, para eso están los canales internos y externos de investigación.

En cuanto a la CSS, ahora el Ejecutivo pretende aumentar las pensiones de los comisionados de los entes de seguridad. La excusa es que el gobierno será quien pague este aumento. Si el gobierno depende de los contribuyentes, no me cuesta mucho adivinar quién lo pagará.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha salido en defensa de semejante aberración, que vulnera claramente la Constitución. Las jubilaciones especiales son, ni más ni menos, que una emulación del antiguo Golden y Silver Roll, de la Zona del Canal.

Mientras se produce esta alegre repartición a los “parsieros” de los recursos de los panameños, como si de dineros propios se tratara, en la CSS no hay casi nada; es nuestra vergüenza como panameños.

Un ícono a la mediocridad del administrador surgido del partido político de turno.

Las jubilaciones deben ser acorde a lo invertido por cada cotizante. Y la CSS debe ser una institución que brinde servicios de salud de alta calidad.

Una entidad cuyo director no pretenda comprarse cada año vehículos lujosos con dinero del pueblo, con una junta directiva buscando provecho personal.

La CSS se niega a ser auditada, pues “todo está bien”. Desgraciadamente, no confió en la palabra de los funcionarios. ¿Por qué será?

Debo reconocer que el ministro Alemán y el comisionado que firmó su propio aumento tienen razón en algo: la jubilación actual es insuficiente, igual que para el resto de los mortales. Por ello quieren hacerse estos ajustes irracionales.

Bajo su prisma, tienen razón en incrementarse astronómicamente sus jubilaciones. Miremos el problema de forma integral, no solo para los del gobierno, sino para el resto de los ciudadanos.

Urge reformar esa podrida institución. Hagamos algo que funcione. Y quizás cuando le aumenten la pensión al comisionado, me puedan aumentar la mía. Para entonces, debemos contar con una farmacia completa y servicios médicos y hospitalarios decentes.

O eliminen los privilegios y aprendan a vivir como los demás. Entonces entenderán lo que es “caminar en los zapatos del pueblo”. Perdón, que “el pueblo es primero!”

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