DERECHO INTERNACIONAL

‘Entre un hombre y una mujer...’

El artículo 4 de la Constitución Política, mediante el cual Panamá“acata las normas de derecho internacional”, nos impone el cumplimiento del derecho internacional público en el ámbito supranacional, como consecuencia de la existencia de la comunidad de Estados.

Se podría inferir, por ende, que el Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de una norma de derecho internacional público. Así mismo lo expresa, incluso, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que Panamá es signataria. Y es que, al manifestar las partes su consentimiento en obligarse por un tratado, se obligan al mismo tiempo a adoptar las medidas necesarias para su acatamiento.

Hay una excepción respecto a la violación manifiesta de una norma de derecho interno, concerniente a la competencia para celebrar tratados. En este caso, según el artículo 46 de la Convención de Viena, se puede alegar el vicio del consentimiento, ya que le corresponde al derecho interno determinar los órganos del Estado que intervendrán en la formación de los tratados.

Por lo anterior, se podría entender la necesidad de advertir la inconstitucionalidad de la frase “… entre un hombre y una mujer …”, del artículo 26 del Código de la Familia, que define el matrimonio, por infringir el artículo 4 de la Constitución Política (por ser la frase cuya inconstitucionalidad se solicita). Norma constitucional que ampararía el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (mencionados por el accionante como infringidos).

Ambos artículos se refieren a la igualdad de las personas ante la ley, y su derecho a no ser discriminadas. No podemos dudar de que nadie puede ni debe ser discriminado por su orientación sexual. Hay jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Lo que debemos establecer es si no permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, es un acto de discriminación.

Pero veamos, sin tapujos, lo que sobre el matrimonio señalan las cartas internacionales supuestamente infringidas: artículo 16 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. Noten que la norma se refiere a los “hombres y las mujeres”. Además, cuando detalla las restricciones, no incluye los términos sexo o género.

El artículo 17, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. Nuevamente, noten que el matrimonio es reconocido como un derecho “del hombre y la mujer”, no un derecho de “las personas”.

Hay algo muy importante. Incluyen la necesidad de cumplir “las condiciones requeridas para ello por las leyes internas”. Panamá, en su ley interna, ratifica el matrimonio como un acto “entre un hombre y una mujer”. No es difícil colegir que el artículo 26 del Código de la Familia no infringe el artículo 4 de la Constitución. Tanto así que el procurador de la Administración en su vista 503, de 11 de mayo de 2017, manifiesta que “… la frase cuya inconstitucionalidad se solicita no es contraria a la Constitución…”, y lo hace al final como su “opinión” (lo que implicaría la parte resolutiva de un fallo).

Así resolvió el procurador la pretensión del accionante, es decir, en su contra. Muy a pesar de su opinión a favor del matrimonio igualitario, y cuya enorme tesis no pudo contrarrestar una realidad jurídica fehaciente que él aceptó: El artículo 26 no es inconstitucional, por ende, no viola convenios internacionales. Así de simple.

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