La descentralización es necesaria para acercar la administración pública a las comunidades y permitir que municipios y juntas comunales respondan con rapidez a sus necesidades. Por eso, el aumento de recursos para la Autoridad Nacional de Descentralización no debe verse, por sí mismo, como algo negativo. Pero los antecedentes obligan a extremar la vigilancia. El presupuesto proyectado para 2027 asciende a $296.4 millones, un 50.1% más que este año, mientras las investigaciones sobre la denominada descentralización paralela ya suman 99 imputados, en su mayoría vinculados a estructuras políticas del período 2019-2024. Panamá no puede repetir esa experiencia, mucho menos en la recta hacia las elecciones de 2029, cuando la propia Asamblea allana el camino al clientelismo con una reforma de su Reglamento Interno que busca facultar a los diputados para gestionar obras y proyectos. Descentralizar no significa repartir dinero sin controles. Cada dólar debe responder a necesidades comprobables, proyectos verificables y estricta rendición de cuentas. Fortalecer la descentralización exige impedir que los recursos públicos vuelvan a convertirse en instrumentos electorales.
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