Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 legalizó la prima de antigüedad en el sector público. Con ello, el despido de funcionarios se hizo más costoso, pues significa que reciben una indemnización, a pesar de que, en muchos casos, se trata de nombramientos que no responden a criterios técnicos ni profesionales, sino enteramente políticos. Una vez más, el dinero público es utilizado como piñata, como si no fuera poco el hecho de que una enorme cantidad de funcionarios carecen de los méritos, experiencia y calificaciones profesionales necesarias para ocupar sus respectivos cargos. Llegan al servicio público sin los más elementales conocimientos, que aprenden a base de error y ensayo, mientras devengan salarios inmerecidos o, peor aún, reciben ingresos por tareas no realizadas o sin que se presenten a trabajar. Lo más justo para los funcionarios sería ingresar al engranaje gubernamental mediante un sistema de méritos, con las habilidades probadas, haciéndose merecedores de pertenecer a la carrera administrativa. Pero lo que no debe ser es una ley general. Eso es privilegiar a quienes no se lo merecen, y de eso, lamentablemente, sobra en todos los gobiernos. Para colmo, el Estado ni siquiera cuenta con recursos para afrontar esas obligaciones, que son una carga adicional para unas finanzas públicas ya comprometidas. No se puede seguir legislando y gobernando como si el dinero fuera infinito.
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