La movilidad dejó hace mucho de ser un problema individual para convertirse en un asunto colectivo y, por tanto, en una responsabilidad del Estado. De allí que este preste directamente servicios de transporte o los otorgue mediante concesiones. Pero esa responsabilidad no termina con garantizar que exista una forma de trasladarse. La calidad del transporte incide directamente en las oportunidades y profundiza o reduce desigualdades. No enfrenta las mismas condiciones quien dispone de un vehículo y decide cuándo y cómo desplazarse que quien depende diariamente de un servicio deficiente, impredecible o incluso inseguro para llegar al trabajo, estudiar o recibir atención médica. El reto planteado en Café con La Prensa obliga, por ello, a mirar la movilidad integralmente. Carreteras, Metro, buses, desarrollo urbano y ordenamiento territorial no pueden continuar avanzando como piezas separadas. Panamá necesita una política de Estado que garantice un transporte público eficiente, seguro y accesible, y que convierta la movilidad en una herramienta de inclusión, productividad y calidad de vida.
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