REDUCIR EL EXCESIVO GASTO PÚBLICO

La implosión del Estado: Christopher Caballero

Los latinoamericanos tendemos a pensar –por la forma cómo fuimos creciendo como nación– que hay una relación vital: el gobierno, a mayor tamaño más beneficioso será para proteger nuestros intereses contra el gran criminal: el tenebroso y voraz capitalista, que solo busca ahorcarnos con su incansable desarrollo e insaciables alzas en los precios. La realidad es totalmente contraria, el común denominador entre los países más prósperos del mundo es un gobierno limitado; esto les ha dado grandes frutos traducidos en bienestar tanto social como económico.

La incesante queja del panameño se debe al desempleo, bajos ingresos y mala calidad de vida. Alegando, en su mayoría, que el Gobierno debe salir en su defensa y, por medio de medidas económicas, garantizarle a él y a su familia beneficios; estas medidas, por lo general, se refieren a subsidios, donaciones y otras acciones de esta índole, que no son más que un reflejo de las políticas paternalistas que nos han caracterizado en nuestra vida republicana.

Los gobiernos panameños han entendido este sentir popular y se manifiestan al respecto, limitan los mercados y ponen un sinfín de trabas para que la empresa privada no entre a un mercado en el que el Gobierno se siente idóneo para ejercer. Estas limitaciones, que al principio buscaban ayudar al pueblo, actúan de manera inversa, creando monopolios del Estado y/o privados, lo que a la larga se traduce en alzas de los precios. No obstante, luego de esto, el Gobierno se llena de orgullo al decir que podría administrar de mejor manera algún servicio y da pie al ciclo.

Existe una estrecha relación entre la libertad económica y social y el bienestar de la población; en los países donde hay mayor libertad económica y social se goza de innumerables beneficios como: menor pobreza, ingreso por trabajador mucho más alto, mejor calidad de vida, la población se siente más a gusto con su situación y, lo más importante, la expectativa de vida aumenta considerablemente, al contar con todas las condiciones anteriores.

Aumentar el tamaño del Estado es visto popularmente como una conducta saludable, sin saber que este fenómeno es sumamente dañino para la economía del país. Los políticos, en sus campañas electorales, prometen puestos de trabajo y demás; estos favores eventualmente deberán ser pagados, una vez concluya la campaña; así las “botellas” son colocadas en lugares estratégicos y los ingenuos panameños no saben que ellos mismos están pagando por este puesto de trabajo.

Un gobierno que aumenta su tamaño de manera excesiva, tal como ha ocurrido en Panamá, debe soportar el enorme gasto que esto genera, por consiguiente, tiende a aumentar los impuestos. Esta medida indirectamente se traduce en menor inversión para los empleadores quienes no podrán invertir un porcentaje, porque este irá directo al fisco. Así, lo que empezó como una buena idea, se traduce en una terrible idea que, poco a poco, disminuye el inevitable crecimiento del sector privado. De igual manera, los gobiernos al mantener su monstruoso tamaño y manejar mayores presupuestos, tienden a tornarse mucho más atractivos para los aspirantes. Esto, desafortunadamente, aumenta los índices de corrupción y provoca que se llegue a los niveles por los que somos mundialmente conocidos.

En Panamá, el Gobierno mantiene una planilla extraordinariamente grande en relación a la población que habita el país; esta planilla representa cerca de dos mil millones de dólares. En los ministerios, direcciones y otras instancias gubernamentales hay nombramientos cuestionables, y es muy común notar que existe un alto porcentaje de trabajadores que no son idóneos para ejercer las labores para las que fueron contratados inicialmente.

La burocracia es, sin duda, uno de los mayores males. En los ministerios y hospitales del país hacer un simple trámite toma horas; los funcionarios están ahí por mera inercia, por el simple hecho de cumplir sus horas laborables y recibir parte de nuestros impuestos en forma de salario, y los sistemas diseñados para alimentar esa colosal planilla no hacen más que hundirnos en un limbo sistemático.

De igual manera, la gigantesca deuda que cargamos debido al inmenso gasto público, con la consigna de que este gasto se traduce en progreso, es enteramente pagada por la clase trabajadora. Este incremento desmesurado del gasto público y del presupuesto de la Nación solo responde a los intereses de quienes fueron elegidos popularmente. Es momento de que entendamos que el Gobierno es una enfermedad disfrazada de su propia medicina. Debemos abogar por disminuir el grotesco tamaño del Estado, reducir significativamente su rol y darle paso al bienestar. Es momento que apuntemos hacia la implosión del Estado.

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