TEMA DE DEBATE

De crisis e improvisación gubernamental: Jorge Rivera Staff

Las decisiones adoptadas en torno a la llamada crisis energética constituyen medidas improvisadas que no son más que una consecuencia de la falta de previsión y ausencia de políticas públicas de la actual gestión gubernamental en todos sus ámbitos.

Si bien, la falta de lluvias no es responsabilidad del Gobierno, los informes técnicos basados en proyecciones computacionales que comparan datos meteorológicos actuales e históricos, permiten visualizar la disponibilidad de los embalses de las plantas hidroeléctricas con muchas semanas de anticipación, sobre todo, para el caso severo de la actual temporada seca.

Esta información es de pleno conocimiento de las autoridades del sector eléctrico, por lo que de acuerdo a los protocolos de seguridad del sistema, hace buen rato se debió iniciar una campaña de concienciación entre la ciudadanía y la adopción de medidas progresivas en función de la disminución de los niveles de los embalses, tal como se ha procedido en ocasiones anteriores.

De ahí que, anunciar repentinamente que estamos frente a una crisis y sacar del sombrero una serie de drásticas medidas (que en otros países son de último recurso) poniendo a toda la sociedad en estado de alerta, nos da una muestra fehaciente de la improvisación que caracteriza al actual régimen.

Muy pocas personas vinculadas al sector eléctrico se atreven a cuestionar en público las decisiones del actual régimen, siendo esta autocensura un factor que impidió que otros actores diferentes a las autoridades, informaran con el tiempo necesario a la ciudadanía, sobre la coyuntura energética que se avecinaba.

Esta es una consecuencia más, en el corto plazo, de un errático manejo de la política energética de largo plazo, que entre otros temas ha implicado la eliminación de normas ambientales, el nombramiento de personas sin el perfil adecuado en los puestos clave, modificaciones inconsultas a las reglas del mercado eléctrico, amenazas cada vez mayores de intervención a los actores del sector y la adopción de medidas que favorecen a empresarios allegados al poder de turno para su ingreso en el sector energético.

Para muestra un botón, ¿Qué pasará con el cacareado Metro de Panamá (que funciona con electricidad) si nos vemos en otra crisis como esta? ¿Se tendría que suspender su uso? ¿Dónde quedarían sus usuarios? ¿Se tienen planes de respaldo para estas situaciones?

Esta crisis, más que mostrar en toda su crudeza la improvisación gubernamental, nos debe dejar como reflexión primordial que es imperante hacer un alto y formular participativamente una política pública para el sector energético, que incluya no solo la promoción de energías renovables, sino también la realidad del impacto del cambio climático en nuestro país y la necesaria reorientación de los patrones de consumo energético hacia modelos que sean más sostenibles social y ambientalmente.

Si con el régimen de turno ya se perdió la oportunidad, es nuestra responsabilidad promover el tema energético-ambiental como uno de los más importantes a ser debatidos para la próxima campaña electoral, si no queremos que la actual situación de crisis se convierta en el día a día de nuestros hijos, en un futuro no tan lejano.

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