OTRA MIRADA

La impunidad de los pinchazos: Donatilo Ballesteros S.

Como he dicho en otras ocasiones, el entretenimiento y alboroto que los medios de comunicación, especialmente los televisivos, con información repetida hasta cuatro veces, entrevistas sin beneficio alguno, pausas frecuentes para publicidad y una lectura o exposición plagada de errores (horror), tanto de dicción como de contenido, mantiene ahora la atención sobre los pinchazos y publicaciones en torno a hechos que merecen castigo ejemplar, si en verdad deseamos integrar a la juventud a un Panamá diferente, donde la honestidad y el respeto imperen, junto a una justicia impecable, diáfana y sustentada en los principios que sustenta su real esencia, justicia.

Quienes están ligados por alguna razón a los pinchazos y publicaciones, se consideran víctimas del conocimiento que tiene la ciudadanía de situaciones delictivas que jamás pensaron se divulgarían. He escuchado algunos noticieros en los que se recrimina la falta de autorización para la publicidad. Tratándose de hechos penalizados; quienes han incurrido en estos no darán la autorización para hacerlos públicos. Me gustaría saber quién dio a los medios de comunicación la autorización para divulgar, como lo han hecho, el contenido de las grabaciones y los pinchazos, con prescindencia de su aparición en las redes.

El artículo 1166 del Código Penal dice: “Quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o documentos privados y de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hayan sido dirigidos, y los haga públicos sin la debida autorización, y de ello resultara un perjuicio, será sancionado con 200 a 500 días multa o arresto de fines de semana”.

Esta norma tipifica penalmente la publicación de una grabación, aun adquirida legítimamente, si se publica su contenido sin la debida autorización. Es de resaltar que la norma no dice quién debe autorizar la publicación. Pueden ser los actores involucrados, que por el contenido prefieren no dar la cara. Lo real es que la impunidad de los pinchazos y grabaciones está ligada al ocultamiento de sus actores, y cuando se hacen públicas, acuden a mecanismos que no los ubiquen como delincuentes. Son ellos los que deben dar la autorización, por cuanto que el contenido les causa perjuicios, pero es precisamente el contenido lo que los puede poner a disposición de las autoridades. Los pinchazos y grabaciones quedarían impunes, si no procuramos evitar los hechos divulgados y que pueden incriminar al que se dice perjudicado.

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