DERECHOS DE LOS PARTICULARES

El principio de inactividad del Estado: Víctor Leonel Benavides Pinilla

La jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, desde su instauración hace 70 años, ha jugado un papel preponderante en la tarea de control de la legalidad y de los excesos del poder discrecional.

Los precedentes judiciales de esta sala, que actúa como única y última instancia de revisión judicial del acto administrativo, gozan de ciertas particularidades que la asemejan al modelo francés de justicia contencioso administrativa. Así, la Sala Tercera ha creado una doctrina jurisprudencial valiosa que ha introducido en nuestro derecho planteamientos procesales y sustantivos que, en la mayoría de los casos, se han adelantado a la legislación positiva; todo ello, auxiliado tanto por la doctrina en sí como por el derecho comparado.

Dentro del marco de la celebración de los 70 años de la creación de la jurisdicción contencioso administrativa en Panamá, en abril próximo, vale señalar que una novedosa figura jurídica ha sido incorporada en nuestro medio, a partir de la sentencia de 11 de noviembre de 2010, bajo mi ponencia; mediante esta, la Sala Tercera dio lugar a la configuración de una herramienta ex novo (de nuevo) para el aseguramiento de los derechos de los particulares frente a la actividad de la administración. Se trata del principio de inactividad del Estado que, como muchos otros instituidos en la justicia contencioso administrativa, es el resultado de una construcción jurisprudencial.

Bajo este supuesto, para que se configure la inactividad administrativa deben reunirse tres condiciones: La existencia de una obligación de obrar, normativamente impuesta. Es preciso que la omitida sea una obligación administrativa, un deber concreto y no un deber que opere en forma genérica o difusa; tiene que concurrir el incumplimiento de la actividad por la autoridad administrativa, lo que puede obedecer a la total pasividad de la administración (omisión absoluta), como al carácter deficiente o insuficiente del obrar administrativo (omisión relativa), y que la actividad que la administración omitió desarrollar sea de aquellas materialmente posible.

La sala consideró, en el precitado fallo, que no se le puede atribuir responsabilidad a una empresa por no haber iniciado, ejecutado ni desarrollado un proyecto que recibió en concesión, si tal actividad dependía de la resolución que le diera la autoridad a las peticiones de la concesionaria; en este caso, para la adjudicación forzosa de servidumbres, acto indispensable para la puesta en marcha del proyecto y, por ende, para el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato de concesión.

De acuerdo con el aludido principio, para que nazca el deber de responder del administrado es preciso que la administración haya evitado la producción del daño mediante el ejercicio de sus funciones. Es por ello que la sala concluyó, en la sentencia aludida, que las consecuencias jurídicas de la inactividad de la administración no se le pueden imputar al administrado, puesto que el Estado en el ejercicio de su deber de regular, controlar y vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, debe cumplir con las obligaciones que adquiere frente a los particulares, tanto porque se obliga a través de una relación contractual, como porque tiene el deber positivo de proteger y hacer cumplir los derechos subjetivos de los administrados.

Con esta nueva configuración jurisprudencial, emerge el rol determinante que juega la jurisdicción contencioso administrativa en Panamá y su aporte invaluable para la preservación de la legalidad en las actuaciones de la administración, ya que como ha afirmado el “iuspublicista” alemán Ernst Forsthoff: “allí donde hay Estado, hay administración, y allí donde hay administración, hay derecho administrativo”.

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