Exclusivo: El primer capítulo de 'Origen', última novela de Dan Brown, este domingo en la edición impresa de La Prensa.

ADECENTAMIENTO

La crisis judicial como reflejo del deterioro de la sociedad: Noel Augusto Caballero

La crisis judicial como reflejo del deterioro de la sociedad: Noel Augusto Caballero La crisis judicial como reflejo del deterioro de la sociedad: Noel Augusto Caballero
La crisis judicial como reflejo del deterioro de la sociedad: Noel Augusto Caballero

En el artículo 2 de la Constitución se establece que el poder público solo emana del pueblo, lo que a simple vista dice que su voluntad es la que gobierna o manda. Voluntad que se exterioriza y expresa, básicamente, en la Constitución, a través de los organismos que establezca, siendo estos históricamente los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Quienes vayan a integrar el Ejecutivo y Legislativo han de ser elegidos democráticamente por el pueblo (artículos 146 y 177).

Esta fórmula no es aplicada al Órgano Judicial, por lo se le atribuye su nombramiento al Ejecutivo, su Consejo de Gabinete y la “sujeción” (sometimiento) al Legislativo. Si bien el mandato constitucional establece que estos poderes del Estado actúan separadamente “pero en armónica colaboración”, cierto es que esta peculiar excepción y condición de dependencia genética hace muy cuestionable su “poder” como órgano del Estado, su esencia apolítica y su libre disposición colaboracionista.

En esta línea conceptual hay que anotar que el Órgano Ejecutivo no juzga a nadie, en tanto el Órgano Legislativo conoce de las infracciones del presidente y de los diputados (Art. 160), y el Órgano Judicial conoce de los casos contra los diputados (Art. 206). Pero en esta correlación de poderes o fuerza, al Órgano Judicial le está vedado tener partido político (¿?), bases o masas seguidoras. Deben ser apolíticos y, por ende, huérfanos de apoyo organizado o legítimo. En tanto que los otros cuentan con partidos políticos, además con diputados, representante, bases, células y hasta gremios y grupos de presión social y todas las armas de la política y politiquería (mítines, manifestaciones, cierre de calles, huelgas, etc.). Visto en esta perspectiva, el Órgano Judicial es el más débil del Estado.

Por otra parte, el axioma de que “quien domina económicamente domina políticamente” es incuestionable. Es el Ejecutivo quien confecciona el presupuesto del Estado, lo administra y paga las erogaciones habidas en él (salarios, viáticos, gastos de representación, etc.), así como las no habidas (partidas discrecionales, apoyos, subsidios, “becas”, sobreprecios, “comisiones”, patrocinios, padrinazgos, pagos en especie, etc., etc.). Es aquí, entonces, que radica el poder de convicción, coercitivo o sancionador del Ejecutivo, contra el Legislativo y/o Judicial.

En esta concepción, solo basta que el Ejecutivo (especialmente) y el Legislativo quieran quitar, mantener o poner a un magistrado para que ello se haga realidad. Así sucedió después de la invasión en 1999 con el arribo de la llamada Corte de Lujo del presidente Guillermo Endara; el caso Miller en el tiempo del presidente Ernesto Pérez Balladares; con los casos más recientes de Moncada Luna y Benavides. Y, gran parte de esa jungla aflora con las denuncias entre los magistrados Díaz y Ayú Prado, en la reciente escogencia de los nuevos magistrados, la reelección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y las últimas desestimaciones de las denuncias contra Ayú Prado por parte de la Asamblea Nacional. Es todo un matraqueo de intereses y/o conveniencias políticas y económicas de quienes conspiran para asegurar un control y/o decisión y/o influir, en caso dado, en las decisiones del Órgano Judicial, ya sea por una razón u otra.

No queda duda de que, ante una posible reforma constitucional, este es uno de los puntos que hay que meditar profundamente. Esto es parte de la crisis de valores e instituciones jurídicas y del caos que vive el país por los negociados, el “juega vivo”, el tráfico de influencias, la corrupción, la desidia, la inseguridad, la basura, el transporte público, la insalubridad, la falta de agua potable, la pobreza económica, y las deficiencias en la educación pública, acompañada de la ineptitud.

Ni la negligencia ni la impunidad se pueden justificar y menos taparse con el manto judicial. Si en el país no ha habido una explosión social es por la carencia de dirigentes, de líderes, de partidos políticos ideológicos y con conciencia de clase. La crisis del Órgano Judicial es parte de la crisis integral de la sociedad panameña.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Bomberos sofocaron el incendio.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel

REOS Ministerio Público investiga incendio en la cárcel de David

CONTROVERSIA Varela defiende decisión de dar día libre tras clasificación de Panamá

Varela restó importancia a la demanda, pero sentenció que ‘si lo tengo que hacer de nuevo, lo volvería a hacer de nuevo’.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel

EL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD Las secuelas de los apagones en Panamá

Las secuelas de los apagones
LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

POSIBLES PERJUICIOS AL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Contraloría: van $18 millones en lesiones

Terrenos alquilados.
LA PRENSA/Daniel González

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

18 Oct 2017

Primer premio

3 2 8 1

ABAD

Serie: 12 Folio: 5

2o premio

3063

3er premio

2981

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código