SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El juez de garantías: Raúl E. Olmos E.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 63, de 28 de agosto de 2008, que implementa el sistema acusatorio en Panamá, se instituye la figura del juez de garantías, con el rol de controlar las actividades investigativas del fiscal, siempre y cuando estas comprometan los derechos fundamentales de una persona.

Lo anterior implica que cuando un fiscal pretenda allanar una residencia o domicilio o procure la captura de un ciudadano, o en caso de que esto se haga en condiciones de flagrancia, ese funcionario deberá someter la privación de libertad ante el juez de garantías, quien en una audiencia pública decidirá, en menos de 24 horas, si cabe mantener o no la misma.

El juez en este nuevo esquema de trabajo deberá efectuar un juicio de ponderación de cara a sacrificar o no el derecho fundamental, colocando en la balanza los intereses públicos de persecución penal con los derechos fundamentales y, atendiendo la naturaleza del caso o delito, decidirá si cabe o no la medida.

La persecución penal de un delito requiere del fiscal que observe un programa metodológico de investigación, en cuyo esquema es posible que se vea precisado a realizar actividades investigativas que impliquen sacrificar un derecho fundamental (libertad personal, domicilio, comunicaciones, etc.) y requerirá el control previo de un juez de garantías.

Es una nueva forma de atender el delito, que dota de mayor agilidad y celeridad la respuesta judicial. En los distritos judiciales donde opera el sistema (Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos) se han obtenido sentencias en menos de 72 horas, algo impensable en el sistema que rige en el resto del país.

Hoy es fácil ver, en las provincias en las que está vigente el sistema acusatorio, a jueces sin casos pendientes, pues estos deben producir sus decisiones en oralidad y bajo ninguna circunstancia pueden posponer la decisión, lo que en el inquisitivo es posible y produce retardo o demora en la respuesta judicial.

Se trata de un nuevo molde de enjuiciamiento criminal, en el que impera la oralidad, celeridad y transparencia. Solo queda, entonces, dotar con los recursos materiales y humanos a las instituciones involucradas para aplicar sin contratiempos el sistema en el resto del país. Para ello sería saludable que la Comisión Interinstitucional, creada hace varios años, cada tres meses rinda informes (presupuesto, infraestructura, recurso humano), sobre la evolución del sistema, no solo a los ciudadanos en general, sino también al Colegio de Abogados, sociedad civil, Cámara de Comercio, Apede, Transparencia Internacional, Justicia y Paz, pues desde que se pospuso la entrada en vigencia de la ley en las provincias de Chiriquí y Bocas, poco o nada se ha conocido de esta comisión, y esto genera intranquilidad y desasosiego en cuanto a la suerte que correrá el sistema en los próximos años. Esto no se puede manejar con absoluta apatía o hermetismo, pues el tema judicial es de todos los panameños.

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