PODER DEL ESTADO

Cuando la justicia agoniza: Ramón A. Mendoza C.

“Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley…”, así reza parte del artículo 207 de la Constitución Nacional. Esta norma y otras entregan en manos de los jueces el sagrado deber y derecho de impartir justicia. Pero, ¿qué es la justicia? Tiene muchas definiciones, pero a final de cuentas es uno de los valores más sagrados y valiosos de la sociedad.

Mediante su aplicación se decide la suerte de fortunas, vidas, honras, futuro y hasta el pasado de hombres, mujeres, Estados y naciones. En consecuencia, la impartición de justicia no se le puede otorgar a cualquier persona, sino a aquellas que aparte de tener un profundo conocimiento del derecho, muestren comportamiento vertical, moral transparente y ética incuestionable. Como seres humanos tendrán falencias, pero dentro de límites, razonables y entendibles, siempre condicionadas a su papel de jueces. Ello es así porque desde que aceptan la responsabilidad de ejercer la judicatura se exponen a pruebas y retos, para salvaguardar la dignidad del cargo que se les confía. Pero la fragilidad de la naturaleza humana nunca podrá ser un justificante o excusa para desvaríos, desaciertos y comportamientos lesivos o inmorales.

Cuando la impartición de justicia comienza a degenerarse, y los jueces y magistrados son señalados, objetiva o presuntivamente como corruptos, la justicia agoniza. La nuestra ha sido herida mortalmente durante años por sus propios sacerdotes y servidores. Se le hiere brutalmente con fallos manipulados o vendidos o por decisiones anémicas de conocimiento jurídico, que son las más leves. Se le hiere cuando un operador manipula un procedimiento para beneficiar a una de las partes, negando pruebas viables, por ejemplo. Pero el daño más serio es la agonía institucional. Esto ocurre cuando del cuerpo judicial emanan señales de corrupción y degeneración empañando esto la imagen de jueces y magistrados que hacen honor a su cargo. Cuando esto ocurre, sufre la democracia y la sociedad, pues se origina una percepción de corrupción generalizada e indefectiblemente se cierne sobre todos los estamentos de la corporación la sombra de la desconfianza ciudadana.

La génesis del problema puede ser la forma en que se nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En algunos casos no son escogidos por méritos académicos, profesionales ni talante ético. Son designados por el dedo del Ejecutivo, tal vez retribuyéndoles algún servicio prestado o para asegurarse impunidad judicial ante la eventualidad de un juzgamiento personal o intereses de allegados. Al no ser elegidos por méritos y algunos con trayectorias cuestionables, como en el caso de un exmagistrado sancionado, estos corruptos se convierten en sicarios judiciales, asesinos de la justicia e indolentes morales. No tienen ni sienten compromiso con la sociedad ni con la judicatura, solo utilizan y lesionan la justicia para su propio beneficio o de aquellos a quienes le deben el cargo.

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