El 12 de agosto, la ministra de Educación renunció al cargo. El mismo día pidió a la Procuraduría que se investigara la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, $28.4 millones adjudicados a IS Group, S.A. La Procuraduría abrió el expediente el 13 de agosto y solicitó el expediente administrativo de la licitación, los desembolsos realizados y los datos de la empresa contratista.
Hay un expediente. Hay una renuncia. Hay una investigación con fecha y firma.
Empecé a seguir este tema en febrero, cuando el Ministerio de Educación (Meduca) reunió a los proveedores para ajustar el precio de la licitación de computadoras portátiles para estudiantes, encarecidas por los aranceles de Trump. El argumento de entonces era que ningún funcionario respondería por nada, que las “laptops” llegarían y los indicadores de gestión registrarían una meta cumplida sin consecuencia alguna. Ese argumento resultó cierto solo a medias: alguien sí respondió. Pero no por el riesgo a los niños. Respondió por el precio.
La licitación para comprar las 531,250 portátiles destinadas a los estudiantes, la que pondría una pantalla sin supervisión en manos de un adolescente en Colón o Darién, fue declarada desierta el 1 de julio mediante la Resolución 646: las dos ofertas presentadas no lograron certificar el sistema antirrobo exigido ni acreditar experiencia previa equivalente al 10% del contrato, como pedía el pliego de cargos. Ese riesgo, por ahora, no se materializó. La compra que sí se concretó, portátiles Liby para docentes, $28.4 millones, entrega iniciada el 15 de julio, es la más pequeña de las dos, y es sobre la que renunció una ministra y por la cual se abrió una investigación penal.
El patrón es revelador. El aparato de rendición de cuentas panameño, cuando funciona, funciona sobre precio: la Contraloría refrenda un contrato, la Procuraduría rastrea un desembolso, la Dirección General de Contrataciones Públicas resuelve un reclamo. Existe porque el número es auditable.
Es la vieja distinción de Bastiat entre “lo que se ve y lo que no se ve”. El sobreprecio se ve: cifra de referencia, cifra ofertada, firma de refrendo. El daño al menor no se ve, no todavía, no en un expediente. No hay línea de desembolso para el daño que un adolescente sufre en internet sin acompañamiento, ni refrendo de Contraloría para la ausencia de un psicólogo escolar en Darién. El expediente de la ex ministra existe porque el precio se ve. El riesgo del niño no, al menos no en la forma en que Panamá construye expedientes.
Y ni hablar de los estudios internacionales que no comprueban mejora alguna. Más de una década de evidencia sobre programas de computadoras portátiles estudiantiles en países en desarrollo, incluidas evaluaciones del modelo “One Laptop Per Child” (OLPC) en Perú, Uruguay y Etiopía, encontró resultados de aprendizaje nulos o marginales. La pantalla llegó. El maestro capacitado, el contenido estructurado, la supervisión, no. Panamá se apresta a gastar $268.5 millones sin evidencia de que funcione, además de sin control sobre el riesgo que crea.
El contraste es exacto en Estados Unidos, donde decenas de fiscales generales demandan a las plataformas de redes sociales por un daño distinto pero contiguo: diseño deliberadamente adictivo dirigido a menores. Ahí el expediente sí existe, construido con evidencia clínica y epidemiológica. Panamá tiene la maquinaria para ese expediente. La usa para todo menos para esto.
La próxima licitación para portátiles para estudiantes, la que Meduca deberá convocar nuevamente tras la Resolución 646 que declara la licitación desierta, exige procesadores de al menos seis núcleos, unidades de procesamiento de inteligencia artificial, 16 GB de RAM y 16 horas de autonomía. El pliego describe con precisión de ingeniero la potencia de cómputo que exigirá a la máquina. No describe, con la misma precisión, quién estará presente cuando esa potencia, en manos de un niño de doce años, se encuentre con lo que la inteligencia artificial sin supervisión suele encontrar.
El autor es director de la Fundación Libertad.
