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REPERCUSIONES EN PANAMÁ

El largo brazo de la OCDE: Ricardo M. Alba

El proyecto de competencia tributaria dañina de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que impone la obligación de suministrar información tributaria y otras medidas de transparencia, tocó por primera vez a Panamá en el 2000, al ser incluido en una lista, con la amenaza de calificarlo como “paraíso fiscal no cooperador” y ser sancionado por los miembros de esa organización.

En abril de 2003, en el gobierno de Mireya Moscoso, Panamá suscribió con la OCDE una carta de compromiso para adoptar medidas de transparencia y ejecutar el intercambio de información tributaria a requerimiento, con esto se libró de la aplicación de las medidas discriminatorias coordinadas. Panamá participó en el grupo de trabajo de la OCDE para lograr reglas de trato justo y equilibrado.

La administración de Martín Torrijos no prestó atención a la situación con la OCDE ni a los compromisos derivados de la carta de abril de 2003. El gobierno de Ricardo Martinelli se hizo cargo de esta responsabilidad tan pronto tomó la conducción del Estado y, a partir de julio de 2009, con el liderazgo de los ministros Alberto Vallarino y Frank De Lima, se ejecuta un trabajo laborioso con la promulgación de una estrategia para la defensa de los servicios internacionales y financieros, la participación en los foros de transparencia, la adopción de normas legales y reglamentarias para adecuar la legislación fiscal al compromiso de intercambio de información, el establecimiento de infraestructura administrativa para la atención de dichas solicitudes y el inicio y desarrollo, en la práctica, de atender esas peticiones. Notable ha sido el esfuerzo de negociación de convenios para evitar la doble tributación con 20 países, y acuerdos para el intercambio de información con otros 10. La nueva exigencia de un mecanismo de la llamada revisión paritaria ha sido establecida desde 2010 y a ella han debido someterse los miembros y no miembros de la OCDE que, como Panamá, forman parte del Foro Global. Es así como, en 2010, Panamá rindió el informe de la Fase I, relativa a la infraestructura legal para desarrollar el intercambio de información tributaria (suministro unilateral en el caso de Panamá). Para ello fue necesario producir normas legales adicionales como las mencionadas y otras relativas a la identificación de los clientes de entidades jurídicas y otros ajustes de reglamentación. No obstante, a juicio de la Comisión de Revisión Paritaria de la OCDE, Panamá no cumple las condiciones para pasar a la Fase II, que se refiere a la infraestructura operativa para ejecutar el suministro de información. Para ello deberá superar limitaciones relativas a la identificación de propietarios de acciones al portador, lo cual hizo recientemente; adoptar medidas sobre registros contables de operaciones hechas en el extranjero y atender las demandas de los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria, lo que cumplió en algunos casos.

Al país le espera, a corto y mediano plazo, una presión de la OCDE de tanta o mayor intensidad como la que ha recibido. En primer lugar, satisfacer las demandas para cumplir con la Fase I de la Revisión Paritaria y pasar a la Fase II. Enfrentar el empuje de esa organización, arropado con el manto del Grupo de los 20, para la adopción del intercambio de información automático como norma universal, de adherir a la Convención Multilateral sobre Asistencia Mutua Administrativa en Asuntos Tributarios, y los planteamientos sobre movilidad internacional de beneficios y el ataque a la elusión, que tendrán un efecto significativo en la oferta de servicios financieros y legales de Panamá y su competitividad en el ámbito internacional. Enfrentar la amenaza de daños de reputación y a la aplicación de medidas discriminatorias, como consecuencia en la demora por atender las exigencias, además de la posible rescisión de acuerdos y convenios ya firmados.

Dando cumplimiento a la ley del embudo, el suministro de información, hasta donde se conoce, seguirá siendo un servicio gratis que dará Panamá a países extranjeros. En consecuencia, una política que se debe estudiar es exigir un pago compensatorio por la información que se obliga a suministrar. Esto no sería nuevo: preguntemos a Suiza y Holanda ¿cómo lo hacen, por vía directa o indirecta? Además, debemos fortalecer la solución bilateral con los Estados con los que firmó acuerdos, sin estar al arbitrio de la OCDE. Hay que usar a esa organización en los fines estrictamente convenidos con ella, e impedirle que se convierta en tutora de nuestra política fiscal y económica. La pelea será dura y larga. Panamá no permitirá que el largo brazo de la OCDE aplaste a un sector de la actividad económica.

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