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TEMA PUNTUAL

El manejo del agua: Eduardo Flores Castro

La Constitución de la República de Panamá, en su artículo 110 establece: “Corresponde al Estado combatir las enfermedades mediante el saneamiento ambiental y el desarrollo de la disponibilidad de agua potable”. Además, en su artículo 118, señala: “Es deber del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

A pesar de estos mandatos constitucionales, el acceso al agua potable, el uso de servicios sanitarios y los sistemas de tratamiento de aguas servidas son deficientes. Pareciera que el mal servicio que brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), debido a su bajo presupuesto, estuviera encaminado a que la población acepte la práctica de privatizar algunos servicios y funciones.

A pesar de que en Panamá, cerca de 260 mil personas no tienen acceso al agua potable, las fugas en las ciudades representan alrededor de un tercio del líquido que se suministra. Como si esto fuera poco, del total de personas que atiende el Idaan, el 30% no recibe el servicio las 24 horas del día.

El consumo, por persona por día, está próximo a los 380 litros. Mientras que la Organización Mundial de la Salud señala que una persona puede cubrir sus necesidades básicas con 50 litros por día. Esto significa que todos debemos hacer un uso más racional del líquido y las autoridades deben dar un mejor servicio de reparación de las fugas, porque estas aumentan significativamente el consumo medio por habitante.

Por otro lado, 400 mil personas no tienen servicio sanitario dentro de su vivienda, y de estas, 200 mil hacen sus necesidades al aire libre. Lo contradictorio es que a pesar de ser Panamá uno de los países con mayor índice de crecimiento del mundo, el 75% del agua residual no se trata y contamina ríos, playas y acuíferos; afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo la salud de la población. La sobrexplotación y degradación de nuestras fuentes, obedece a la poca preservación de las cuencas hidrográficas, de los bosques de galería y a la no conservación de los ecosistemas.

La nueva Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento está adscrita a la Presidencia de la República, y corre el riesgo de ser una institución utilizada para promocionar al presidente de turno. Los miembros de su junta directiva son designados por el Presidente de la República; no existe participación de la sociedad civil organizada. La figura del fiscalizador que se crea en la ley, responde a la directiva, no a los usuarios.

Pensar en crear nuevas dependencias que regenten el agua no soluciona el problema, si se sigue con la misma política de no dar el debido respaldo a la institución que administra ese recurso y se continúa dejando en manos de las empresas privadas los servicios. La falta de políticas adecuadas ha producido que la cobertura no aumente, que no se dé el adecuado mantenimiento y que las operaciones del Idaan sean poco eficientes; dando como resultado que una de las empresas privadas más rentables de este país sea la venta de agua embotellada.

Resolver la problemática del vital líquido, pasa por la descentralización de los municipios y su participación en la administración regional del agua. Debemos formar el capital humano en las diferentes especialidades asociadas con el recurso; pero para que este personal se conserve en las instituciones públicas, se debe mejorar significativamente su salario. Es obligante incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Todavía no se ha entendido que sale más barato invertir en este sector, que gastar en medicamentos para combatir las enfermedades que causa la ingesta de agua no potable. Se requiere construir en cada provincia plantas de tratamiento de los líquidos residuales. Es necesario aprovechar nuestras fuentes de agua subterráneas y proteger las cuencas hidrográficas que las sostienen.

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