LEGALIZACIÓN

La ley de marihuana en Uruguay: José A. Friedl Zapata

En diciembre de 2013, aprobaron en Uruguay la Ley sobre la Marihuana, con los votos mayoritarios del oficialismo, con todos los partidos de la oposición en contra y con el 64% de la población en desacuerdo. Uruguay se convierte así en el primer país del mundo donde el Estado se ocupará de plantar, producir, almacenar, comercializar, distribuir y controlar el consumo de marihuana.

Aquí no se trata de estar a favor o en contra de la legalización del consumo de marihuana, sino de que sea el Estado el que tenga el monopolio del cultivo y la venta. La ley va en detrimento de la libertad individual, al obligar a los consumidores a registrarse y someterse a los lineamientos de una empresa monopólica pública que tendrá el nombre de Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Un organismo más del Estado socialista uruguayo que ya tiene el monopolio de las comunicaciones, de la energía eléctrica, del combustible, el agua potable, etc., con el resultado de que el país tiene las tarifas más caras en estos sectores a nivel continental.

El Gobierno cuenta con unos 270 mil funcionarios para una población de solo unos 3 millones de habitantes. Este gobierno ha demostrado, una y otra vez, la falta de capacidad de gerenciamiento. Por ejemplo, no ha podido poner freno al devastador panorama educativo nacional ni a la desbordada inseguridad que reina en el país, a pesar de presupuestos cada vez mayores.

¿Qué hace suponer, entonces, que este nuevo organismo estatal funcionará mejor que los otros? ¿Quién controlará la cantidad de plantas permitidas por esta ley de cultivar en cada casa (cuatro plantas) o en los llamados clubes de cannabis (99 plantas)? ¿Qué medidas de seguridad habrá en los predios estatales donde se plante marihuana? ¿Qué tipo de semillas se piensa comprar? ¿Dónde y quién importará las semillas? ¿Y qué grado de THC (sustancia activa) tendrá el producto que se venderá en las farmacias, el 5% o el 20%? ¿Se obligará a las farmacias a vender el cannabis? ¿Cómo controlará el Estado el consumo en los trabajadores que se dediquen a la construcción o a tareas de similar riesgo? ¿Se podrán vender alimentos que contengan marihuana? ¿Cómo enfrentará el Instituto del Cannabis los gastos que implique ejecutar la ley, si dicha institución no cuenta aún con presupuesto ni con un programa concreto ni funcionarios idóneos? ¿Se podrán aclarar todos estos tópicos en el tiempo previsto para implementar esta ley?

La preocupación internacional por este “experimento uruguayo”, como lo definiera el Presidente del país, no faltó. Organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por el hecho de que la ley no ha sido suficientemente coordinada, consensuada, ni elaborada por personas idóneas. También el Departamento de Estado de EU y las autoridades de Brasil expresaron su preocupación por el paso unilateral uruguayo y por el hecho de que no cumple con compromisos internacionales.

Lo que inquieta más a la oposición del país es el rol que juega, en la implementación de esta ley, el controvertido magnate George Soros y su poderosa organización, la Open Society Foundation. Efectivamente, esta organización financió en gran parte una amplia campaña publicitaria en el país para que la ley fuera aprobada. Esta campaña invirtió unos 100 mil dólares, suma significativa para un pequeño país. Además los principales partidos de oposición señalan que, en septiembre pasado, el presidente Mujica se reunió en Nueva York con George Soros para tratar la financiación del “experimento uruguayo”. Estos mismos partidos afirman contar con información de que el interés de Soros en la ley va paralelo al hecho de que él es uno de los principales accionistas de la multinacional Monsanto, que está experimentando con una semilla transgénica de la marihuana. Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional se niegan a que el Uruguay se transforme en un laboratorio y los uruguayos en conejillos de Indias de un proyecto de una multinacional.

El Dr. Alfredo Solari, senador de la República, exministro de Salud Pública, resolvió enviarle una carta, de conocimiento público, al magnate Soros cuestionando su decisión de apoyar la nueva ley, porque “no toma en cuenta suficientemente aspectos trascendentales de nuestra realidad y que la ley requerirá de un enorme esfuerzo estatal de gerenciamiento, que el Estado no tiene”.

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