EL EQUILIBRIO NASH

Un mejor sistema democrático: Miguel A. Erroz G.

Las constituciones de los países latinoamericanos son categóricas sobre la separación de los poderes. O, por lo menos, esta es la conclusión típica al leer sus artículos. Desafortunadamente, las leyes que tipifican la debida conducta poco influyen en la independencia o imparcialidad de los funcionarios (decentes o no). Son las leyes que atribuyen autoridad las que dictan la independencia, y estas se deben evaluar para medir sus consecuencias.

Es usual que las personas, incorrectamente, definan la ley como listas que únicamente tipifican y declaran cómo actuar. Esto incluye, por ejemplo, las normas que enumeran los requisitos para calificar como juez y su debido comportamiento. Toda Constitución declara que los jueces “son independientes”. Pero la ley incluye otro tema, el de atribuciones que dictan quién decide la culpabilidad, la sanción, el empleo o los recursos de quién. Este aspecto de la ley es el que establece dependencias reales que producen o no influencias indebidas. Como ejemplo, sería absurdo que una Constitución le atribuya al denunciado la potestad de nombrar a su propio juez. De ser así, poco influiría que también declare que el juez es “independiente”; en la práctica este sería su agente, parcial a él.

De forma similar, nuestra Constitución le atribuye al Ejecutivo la potestad de ser la autoridad de decisión sobre el empleo y la carrera de casi todo servidor público, y de designar importantes recursos monetarios. A la vez pretende que los jueces, legisladores y otros “son independientes”, porque así lo declara. Por supuesto que no lo son. Ante esta encrucijada, es importante analizar sus consecuencias y compararlas con opciones modernas. Una herramienta para su análisis es la Teoría de Juegos, materia basada en calcular el equilibrio Nash –de John Nash, ganador del premio Nobel–. Esto se logra al computar la estrategia dominante, que es el comportamiento personalmente más efectivo en respuesta al de otros, y no el comportamiento que da mejores resultados comunales.

El sistema actual sirve de ejemplo: Lo socialmente óptimo es que todo precandidato rechace el clientelismo y, de ganar, que se abstenga de usarlo. Pero la estrategia dominante es la opuesta. Mientras sea posible, siempre habrá algún candidato que decidirá jugar al clientelismo, y al ganar ventaja sobre sus oponentes, estos se verán obligados a involucrarse en lo mismo para mantenerse competitivos. El candidato que diverge de esta estrategia sufre desventajas desmedidas.

Lo socialmente óptimo también es que aquellos que aportan patrocinio a los candidatos lo hagan sin compromiso y continúen apoyando sin prejuicio. Pero, la estrategia dominante es otra. Mientras sea posible, siempre habrá unos que solo concederán su apoyo a cambio de cargos, concesiones, fallos, impunidad, etc. El que más aporta acumula mayores “facilidades”; el resultado es corrupción masiva. Aquel que diverge de esta estrategia se expone a mayores injusticias. En fin, muchos se ven obligados a concretar alianzas con grupos políticos clientelistas. Este sistema da ventajas a los menos decentes. Su culminación –su equilibrio Nash– es la autocracia.

Asegurar la independencia de los servidores públicos requiere de atribuciones modernas. Constitucionalmente, estas incluyen, por ejemplo, que los jueces sean seleccionados por una comisión civil y confirmados por elecciones; que los fiscales de distrito y el contralor sean elegidos por elecciones; que la carrera de los empleados públicos esté bajo la dirección de una comisión civil (asignada, por ejemplo, por los presidentes de universidades sin fines de lucro); y que las instituciones controlen sus recursos internos.

Bajo tales atribuciones, el clientelismo pierde viabilidad y los servidores públicos no tendrán que ceder ante los intereses personales de los políticos o hacerse de la vista gorda frente a los delitos de sus aliados. Interrumpida la habilidad de ofrecer beneficios directos, la estrategia dominante cambia drásticamente. Los candidatos que necesiten sacar ventaja tendrán que hacerlo al ofrecer mejoras reales al marco normativo y burocrático. Por supuesto, los grupos que aportan patrocinio discreparán sobre qué constituye una mejora. Para que su interés e ideología sobresalgan, estos invertirán recursos en promover sus ideas y en impulsar a los candidatos que las instituyan. Este sistema favorece a los grupos organizados. Su equilibrio Nash es democracia al estilo de los países anglosajones, en donde imperan las leyes y los derechos.

Otras mejoras son posibles mediante leyes que moderan la dependencia de candidatos a grupos con recursos. Constitucionalmente, incluyen transparencia en las donaciones, límites a la reelección y otros. Estos, en conjunto con el sistema anterior, les dan cabida a candidatos que exhiban las mejores mentes y los mayores méritos. No hay sistema perfecto, pero podemos mejorar el actual. La misión está en fomentar el tema.

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