TITULACIÓN DE TIERRAS

Un plan piloto vergonzoso: Roberto Castro

Hace más de 14 años se inició en el país un ambicioso programa de regularización y titulación de tierras bajo la premisa de que “país titulado, país desarrollado”. Economistas ilustres en todo el planeta han coincidido siempre en que la informalidad en la tenencia de la tierra es una característica común de los países más atrasados y especialmente de aquellos en que la brecha entre ricos y pobres es de una magnitud casi insultante.

A comienzos de este siglo, mediante préstamos internacionales, en Panamá se inició un gran esfuerzo por mermar ese dramático 70% de tierras ocupadas bajo la débil figura del derecho posesorio, tratando de dar cumplimiento al principio constitucional de “velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, ya que el bien más preciado para cualquier persona, en un país democrático, es la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que ocupa.

El plan piloto empezó en Portobelo, provincia de Colón, región seleccionada por la variedad de aspectos que debían ser considerados: un parque nacional protegido, un conjunto monumental vigilado por la Unesco, fincas ganaderas, multitud de lotes costeros e insulares, y la existencia de algunos títulos de propiedad de vieja data sobre terrenos abandonados por sus dueños o sus herederos, y luego ocupados por otros ciudadanos de la región.

Se creó entonces el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), se capacitó personal, se motivó a la comunidad para que participara en el proceso, se contrataron empresas especializadas en el tema y, después de tres años de arduo trabajo y millones de dólares invertidos, se entregaron los primeros títulos de propiedad.

Posteriormente, llegaron nuevos gobiernos que decidieron trasladar el programa a otras partes del país, muy probablemente por motivos electoreros, abandonando prácticamente un proyecto piloto que ya estaba casi culminado, debilitándolo hasta el punto de que los organismos internacionales le retiraron su apoyo.

De ahí en adelante, Portobelo se convirtió en un fortín en el que los politiqueros de siempre desfilan repartiendo gorras, camisetas, bolsas de comida y promesas de titulación: “¡en mi gobierno, todo Portobelo quedará totalmente titulado y completamente gratis!”.

Como reses ingenuas en fila hacia el matadero, los portobeleños hemos ido a las urnas, para luego lamentarnos porque fuimos engañados de nuevo.

En el mandato de Ricardo Martinelli la cosa se puso mucho peor, pues para poder titular había que renunciar, por escrito, a los beneficios de ley respecto a la titulación masiva gratuita, y después pagar $2.40 por cada metro cuadrado de costa titulado a ciudadanos, en su mayoría pobres o de clase media, quienes no tienen la capacidad económica para hacerlo.

Tremendo desatino: el Estado convertido casi en agente inmobiliario, cobrando por brindar seguridad jurídica, en lugar de cumplir los principios constitucionales de protección ciudadana, transformando los derechos posesorios en títulos de propiedad, tanto para un soberbio ministro o un poderoso inversionista, como para un humilde costeño encutarrado.

Ningún gobierno ha querido darse cuenta que después de titular a todo el mundo, los impuestos patrimoniales pondrán a todos en su justo lugar.

Para completar el oscuro panorama, aparecieron algunos títulos de comienzos del siglo pasado en manos de herederos que alegan ser dueños de casi todo el distrito, chantajeando vulgarmente a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras con demandas, si continúa su labor de titulación. Fenómeno que parece replicarse a lo largo y ancho de toda la martirizada provincia de Colón.

El miedo cunde entre los funcionarios y nadie se atreve a pararse en la raya, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, para denunciar y frenar el abusivo oportunismo de supuestos herederos que nunca hicieron actos de posesión durante décadas y que ahora tratan de deslegitimar la ocupación pacífica de miles de ciudadanos.

Varios gobiernos anteriores, prometiendo a gritos titulación rápida y gratuita, pasarán a la historia como incumplidos y mentirosos con el pueblo, mas no con los ministros y financiadores de sus campañas, a quienes el título de propiedad les salía en menos de 24 horas.

¿Podrá el gobierno actual despojarse de su exasperante lentitud y poner orden en la titulación del país? Solo así el flamante plan piloto de Portobelo dejaría de ser una vergüenza nacional.

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