DERECHO A LA VIVIENDA

Los pobres que se frieguen: Pastor E. Durán Espino

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 48, dice: “La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón social que debe llenar. Por motivo de utilidad pública o de interés social, puede hacer expropiaciones mediante juicio especial e indemnización”.

El artículo 112 dice: “Es deber del Estado establecer una política de población que responda a las necesidades del desarrollo social y económico del país”. Y el 117 señala: “El Estado panameño establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente, a los sectores de menor ingreso”.

El actual gobierno, mediante propuesta de José Domingo Arias, candidato a la Presidencia de la República por el partido en el poder, Cambio Democrático, ha convertido en delito una aspiración no satisfecha ni atendida, como el derecho a una vivienda digna, amparado en los anteriores artículos constitucionales citados.

Reprochamos por este medio los desalojos violentos ejecutados en nuestro país, que pretenden continuar de forma cruel, vil y cobarde, a sabiendas de que –como Estado– Panamá es, además, signatario de convenios, pactos y resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, según las que los Estados se obligan a no hacer desalojos forzosos individuales ni en masa, al ser tipificados como una aberrante violación a los derechos humanos (ver documento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, el 25 de junio de 1993).

Las ocupaciones de tierras no generan ningún mal a la sociedad. Por el contrario, el hecho de que haya terrenos baldíos y en desuso a la par de una gran población carente de viviendas, genera injusticia social.

Debemos darle un “no” rotundo a la ley aprobada el pasado 5 de junio, que penaliza la ocupación, pues –actualmente–, tanto las barriadas como las viviendas están pensadas como lucro para una minoría conformada por terratenientes y empresarios, y no para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de las grandes mayorías empobrecidas.

El sistema económico actual ha obligado a las personas a emigrar del campo a la ciudad, y no precisamente al centro, sino a lugares distantes donde se dificulta el transporte y los servicios públicos de agua potable, luz, etc.

El hecho de no poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada persona o familia es un factor de riesgo, de cara a la exclusión social. Aun así, la vivienda –a menudo– no se considera un derecho, sino un negocio más para la libre especulación.

Además, la situación de precariedad nos hace vivir asfixiados debido al arrendamiento o la hipoteca, viéndonos obligados a aceptar cualquier trabajo, aunque las condiciones sean pésimas.

A esto se suman los casos de despidos o no renovación de contratos. Muchas familias están sobre endeudadas, no pueden hacerle frente a esos compromisos que en su día asumirán con sus hipotecas, y viven una situación de indefensión absoluta ante las leyes y los poderes económicos.

Tenemos que apostar en las comunidades por el uso social de terrenos, en la mayoría de los casos abandonados. Esto significa que las familias son obligadas, por la dureza del sistema actual, a realizar tomas de tierras como una acción desesperada que refleja la necesidad de contar con un espacio físico donde edificar una vivienda y poder desarrollar sus vidas de una manera digna.

¡No al atentado contra el derecho a la vivienda!

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