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SERVIDUMBRE

El poder anda desnudo: Pedro Ernesto Vargas

De la elección del señor Sergio Chello Gálvez, como presidente de la Asamblea Nacional, no debemos sorprendernos. Lo eligen otros iguales a él, consecuentes con su estatura moral, su ética política y su menguado sentido de responsabilidad ciudadana. Ya, en ese sentido, ha reflexionado Patricio Aylwin, el chileno universal, cuando señala que hay “circunstancias de la realidad socio-cultural de nuestros países que condicionan o influyen la moralidad de su vida política”.

Cuando el propósito de los partidos políticos y los hombres en la política se reduce a alcanzar el poder, es de esperar que renuncien a las más sagradas promesas de servir al país y a quienes los eligen, para servirse del país. Pero renuncian también al buen nombre, a la oportunidad de darle orgullo y pertenencia a sus hijos y a sus familias. Renuncian al agradecimiento de sus conciudadanos, a la memoria generosa y a la grandeza. Renuncian a la verdad, a la certeza y a la honradez. Un costo altísimo por un placer efímero.

Repartirse los puestos de trabajo, los dineros de las gentes destinados para su progreso y bienestar, y, los privilegios que se merecen solamente quienes cumplen con sus deberes, parecen ser los propósitos a alcanzar, tan pronto se conocen los resultados electorales. Una formulación que desconoce la diferencia entre “lo que es del Estado y lo que pertenece a las personas”. Ya allí, bien temprano, germina la semilla de la corrupción. El poder corrompe y la búsqueda por el poder es esa tentación por el delito y la impunidad.

Lo detestable de esta elección, una barrabasada moral, una bofetada a la decencia, un abrazo al delito, una burla a la seriedad y la dignidad de la función que exige el cargo es que parece hacerse, como todo en un sistema presidencialista, por iniciativa soberana del primer mandatario de la Nación. Pero es también y gravemente, un llamado a la violencia en la medida en que es un desprecio a la opinión pública. “De acuerdo con el modelo jerárquico, la responsabilidad de un resultado político recae en la persona situada en el vértice de la cadena formal o informal de autoridad”, señala Dennis F. Thompson al referirse a la responsabilidad moral de las múltiples manos, aquella figura que advierte la presencia de una multiplicidad de funcionarios, en colaboración para la realización de políticas de gobierno. Todos nos preguntamos repetidamente, de qué fuerza o de qué debilidades gozan sus consejeros, “íntimamente vinculados con las decisiones y políticas”, quienes no deben desconocer el derecho ni la ética, no importa cuáles sean sus funciones. No son de aquellos “intelectuales con proyección pública”, proclives a la tentación totalitaria, que puedo adelantarme y sugerir que sea el miedo y la cobardía a opinar diferente, o la complicidad que busca mantenerlos cerca de las mieles del poder.

Esta elección, como aquella otra en el quinquenio pasado, de graves consecuencias y similar cinismo, desconoce que el legislador debe actuar con ética y que la ética le exige hacer juicios autónomos y al tiempo basar sus actos en principios públicos. Anteponer el bien común al bienestar de algunos. Otra vez, el mayor obstáculo en la búsqueda de esa ética lo imponen la codicia y la ambición. El legislador puede cacarear que busca el mejor interés de su electorado, cuando ni siquiera lo consulta y, menos, lo escucha. En nuestro medio, su cabeza se inclina ante el Ejecutivo y su dedo se levanta solo para hacer señas vulgares. Cuando el juicio legislativo está al servicio del interés personal, y el interés personal es sinónimo de pecuniario, el legislador comete crímenes y delitos cada vez.

Como el legislador panameño no legisla sino que se vence a la tentación de servidumbre y aprueba “órdenes superiores”; y como el primer administrador se ha asegurado de tener mayoría en la Asamblea, ya los legisladores de la bancada de gobierno no tienen que tener ni siquiera buenas relaciones con sus colegas de oposición para lograr juntos una legislatura independiente y proba. Se arrogan el derecho a allanar la entrada al recinto de sus profanas deliberaciones, incluso a sus colegas; con gendarmes y soldados cercan los predios de esa institución que le pertenece al pueblo, para impedirle el paso. Así como se aíslan de sus colegas, se aíslan de su electorado. Y su cálculo como sus matemáticas borran la historia, momentáneamente, que debiera recordarles que la ignominia siempre tiene días contados.

Dice Thompson que no solo el dinero, sino que “la ideología, la ambición y la mera incompetencia también distorsionan el juicio” del legislador. Me temo que en nuestro medio, el elemento más grave es la condición de infractor de la ley. Y, si miramos al transfuguismo que se ha dado en esta administración hacia el partido gobernante podemos distinguir dos aspectos: Son hombres sin carácter y sin palabra, algunos prominentes por su prontuario gris, al menos, en archivos judiciales; y son diputados que no vale la pena mantener, porque sus lealtades tienen aún menos duración que los quinquenios de gobierno que los marean, ilusionados con el maquiavélico éxito inmediato.

Si el próximo elector es un tarambana seguirá dilapidando la oportunidad de tener una Asamblea de diputados probos que orienten con certeza el marco legal de todas las actuaciones, incluso las suyas, en servicio a la nación. Es la hora de “devolver la transparencia a las palabras”, como diría el poeta Octavio Paz.

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