ESPACIOS MARINOS

Algo podrido huele en La Haya: Omar Jaén Suárez

El recorte sustancial del dominio marítimo colombiano en el Caribe a favor de Nicaragua, por causa del fallo del 19 de noviembre de 2012 del Tribunal Internacional de La Haya, despertó terror entre los países vecinos, aunque dicha decisión se refiera y afecte a las dos partes en litigio.

Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, negociada durante 11 años y que entró en vigencia en 1994, la regla de la equidistancia es la base de la equidad entre los espacios marinos de los Estados, fuente de legitimidad y justicia. Significa que se establecen los límites o línea media, en los Estados con costas opuestas, entre los espacios marinos a partir de la misma distancia desde las líneas de base, sean continentales o insulares, de manera que las islas en todo su alrededor tienen igual derecho a espacios marinos jurisdiccionales que la tierra firme continental. Sin embargo, en el caso del litigio Colombia-Nicaragua, el Tribunal de La Haya, en su decisión, desplazó la línea provisional o media hacia el este en una distancia en la que le atribuyó triple valor a Nicaragua en base a que existe una costa continental más extensa de ese país, una interpretación más que excesiva de la norma internacional. Inventó el concepto de “costa relevante”, en este caso más larga, a la que otorgó poderes extraordinarios para definir y delimitar el mar jurisdiccional. Le quitó a las islas colombianas de San Andrés y Providencia derechos ya reconocidos hacia el oeste, el norte y el sur, que en el Pacífico aún a islas pequeñas con pocos habitantes les otorgan millones de kilómetros de aguas jurisdiccionales. Dejó enclavados en aguas nicaragüenses varios cayos colombianos.

Se abre además, con este fallo, la caja de Pandora para inventar otros conceptos que podrían reñir con los términos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

A mi juicio, esta decisión judicial es contraria a la equidad contemplada en las normas de la Convención del Derecho del Mar que se acordaron después de innumerables sesiones en Ginebra, Nueva York, Caracas y Jamaica, a las que asistí como delegado de Panamá. Cuando en calidad de geógrafo y diplomático negocié la delimitación de las fronteras marítimas entre Panamá y Colombia, con mi homólogo Julio Londoño Paredes, en 1976, nos inspiramos en ese principio cardinal de justicia y equidad para establecer la línea fronteriza de nuestras jurisdicciones de áreas marinas y submarinas en el Caribe y el Pacífico. El tratado Boyd-Liévano de 1976, concertado por las administraciones de Omar Torrijos Herrera y Alfonso López Michelsen, ha resultado ser fuente de paz y concordia entre Panamá y Colombia que nadie ha objetado, ni siquiera Nicaragua.

La decisión de La Haya trae preocupación y duda. Panamá reaccionó apropiadamente al protestar sus más altas autoridades, de manera enérgica, sobre cualquier intento de desconocer su derecho. También lo ha hecho al preocuparse por reclamos relativos a la plataforma continental de países vecinos. El asunto no es solo inquietud por las 12 millas náuticas de mar territorial y las 200 de Zona Económica Exclusiva contadas a partir de la línea de base, a la que tienen derecho los Estados con riberas marinas. Lo es, además, por la plataforma continental que puede albergar valiosos recursos del suelo y subsuelo.

Con Colombia y Costa Rica negociamos y celebramos tratados de delimitación de áreas marinas jurisdiccionales. Sin embargo, se cierne sobre nosotros la pretensión –que ojalá no pase de ser una vaga intención–, de extender la plataforma continental de Nicaragua hasta nuestro espacio marítimo. Esta plataforma es un accidente geográfico, parte de la extensión del territorio continental que quedó sumergido hace miles de años, al elevarse el nivel de los océanos por el derretimiento de los glaciares. Llega hasta el talud continental, abrupta pendiente que termina en los fondos oceánicos, generalmente de más de 2 mil metros de profundidad y puede hacerlo hasta 350 millas náuticas a partir de la línea de base, según la Convención del Derecho del Mar. Pero, al tiempo que tienen derecho a la exploración y explotación de los recursos en el suelo y subsuelo de dicha plataforma los Estados con territorios continentales, también lo tienen aquellos con islas situadas sobre ellas. Afortunadamente, la plataforma continental de Nicaragua y de Colombia en las islas de San Andrés, Providencia y los cayos cercanos se abre más hacia el nordeste y el cabo Gracias a Dios en su frontera con Honduras, y no hacia el sur en donde es tan estrecha, algunas decenas de kilómetros cuanto más, como en Costa Rica y Panamá. Sin embargo, debemos continuar vigilantes y no permitir que venga el Tribunal de la Haya u otro Estado vecino a inventar una plataforma inexistente y la extienda hasta nuestras aguas jurisdiccionales. Una decisión que recae sobre un conflicto planteado por dos Estados soberanos entraría en contradicción con el derecho internacional público si tratara de afectar los derechos de terceros Estados que no se han visto ni están involucrados en el diferendo. Los panameños no queremos conflictos, menos con vecinos de la región. Al contrario, con los países de la América Central y del Sur debemos buscar cooperación, solidaridad y fortalecer la seguridad. En consecuencia, no podemos aceptar que se perturben las fronteras ni que se pongan en duda los límites territoriales del país, porque esto alteraría las relaciones armónicas y la paz.

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