DEUDA SOCIAL

Una política pública para mejorar la seguridad ciudadana: Severino Mejía

¿Por qué, de forma reiterativa, hemos venido insistiendo en la adopción de una política pública de Estado para atender científicamente el problema de la violencia en nuestro país?

La respuesta es que el ciudadano debe ser el centro de atención del Estado. Así se describe de forma taxativa en los Fundamentos Panameños de la Política Pública de Seguridad, aprobados en consenso por las autoridades y la sociedad civil en el año 2000, pero al que pocos gobiernos le han puesto la debida atención.

Una política pública de Estado debe ser un mandato ciudadano y una gestión política de los gobiernos para hacerle frente al incremento de la violencia y el delito. El ciudadano panameño ya lo ha entendido y exige una respuesta encaminada en esa dirección, partiendo de la premisa de que la seguridad es un bien inalienable del ciudadano; que está contemplada en nuestra carta magna, pero que lamentablemente no se cumple por la forma como se enfoca el tratamiento al delito.

Hemos observado que, desde 1990 a la fecha, el tema de seguridad ciudadana ha pasado de ser un tratamiento marginal a ser una acción de naturaleza represiva, con un tímido intento de carácter preventivo, siendo asimétrico el esfuerzo de la prevención, represión y la resocialización. Cada una de estas variables es atendida sin un eficiente tratamiento científico y técnico, dando prioridad al acto punitivo como estrategia central del Estado en la lucha contra la criminalidad.

Solo basta observar las experiencias de países hermanos de Centroamérica, la región más violenta del mundo (44 homicidios por cada 100 mil habitantes) para percatarnos de que la mano dura, durísima (El Salvador) y el Plan Escoba (Guatemala) han sido un fracaso. Es más, han agravado la violencia en la región.

A diferencia de Panamá, Centroamérica y, de manera particular, los países del triángulo norte, han padecido guerras civiles y conflictos de orden interno, esto explica por qué la violencia está enraizada en su cultura. En nuestro país no hemos vivido estas experiencias traumáticas.

En algo que sí nos parecemos y que es una constante en toda América Latina, es que tenemos una mala distribución de la riqueza, lo que se traduce en pobreza, desigualdad, inequidad y falta de oportunidades para los jóvenes, todo esto sumado a nuevos factores geopolíticos, agravan el problema social sin que se vislumbre un futuro promisorio para la región en temas de seguridad ciudadana. Seguimos siendo más violentos.

La política criminológica ya está en mano del gobierno del presidente Ricardo Martinelli. La Cruzada por la Paz se la entregó durante esa gran marcha del 23 de mayo de 2010. Solo basta adoptarla. La concreción de esa política fue un esfuerzo integral de los gobiernos de la expresidenta Mireya Moscoso y Martín Torrijos, este último, mediante el Decreto Ejecutivo No 260 de junio de 2006, pero que se quedó en la gatera. Sería un paso de avanzada para lograr el objetivo de alcanzar una propuesta social de mediano y largo plazo para el logro de resultados que puedan ser medidos. Voluntad política es todo lo que se requiere.

Los ejes de prevención, seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos, participación ciudadana, justicia social, desarrollo humano sostenible y cultura de paz, principios rectores de esta política, son los cursos de acción apropiados para atender de manera responsable un problema social que nos atañe a todos.

Mirar el problema de forma limitada y no darle el valor a una solución integral, es llevarnos a tropezar muchas veces con la misma piedra.

Cuando hablamos de atención integral al problema, no solo debe ser cuánto vamos a invertir en equipo para la fuerza pública, sino qué vamos a hacer para resolver lo que ocurre en la familia, forjadora de los proyectos de hombres y mujeres del futuro; cómo vamos a reducir la corrupción, la impunidad, la falta de valores, el respeto a la ley en un estado de derecho y, sobre todo y para mí lo más importante, la voluntad política de quien asuma el poder para atender una de las expectativas más grandes que tiene nuestra sociedad: la seguridad.

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