AGRICULTURA ORGÁNICA

El potencial de las comarcas

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El potencial de las comarcas

La vocación por la conservación medioambiental de los panameños originarios fue uno de los principales motivos para que en las décadas de 1980 y 1990 el Estado, basado en el artículo 127 de la Constitución, que dice: “El Estado garantizará a las comarcas indígenas las reservas de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social”, decidiera legalizar la tenencia de las tierras comarcales en Darién, con la aprobación de la ley de la comarca Emberá Wounaan 1 y 2, la Ngäbe Buglé, en Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, y la Guna de Madungandí, en Chepo. El propósito era disminuir la presión de la agricultura de subsistencia, la irracional extracción de maderas nativas y la ganadería extensiva sobre el bosque tropical húmedo, un ecosistema muy frágil, que provocaría la gran deforestación existente con sus profundos efectos que ya sentimos: ¡el cambio climático!

Según la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), nuestro país posee 7 millones 540 mil hectáreas de tierras; las comarcas de las diferentes etnias y basadas en su respectiva ley ocupan 1 millón 767 mil hectáreas, representando el 22% del territorio nacional (Ngäbe-Buglé: 679 mil 464 hectáreas; Emberás-wounaan, 438 mil 362; Guna Yala, 234 mil 074; Guna de Madungandí, 230 mil; Guna de Wuargandí: 95 mil). La población total de los panameños originarios es de 417 mil 559 habitantes, que representan el 12% de la población total del país.

Los informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que nuestros “bolsones” de pobreza y pobreza extrema se ubican en las comarcas y áreas rurales, afectando al 25% de nuestra población. Por su patrimonio en tierras, gran parte de ellas muy fértiles, sus fuentes de agua y las infraestructuras públicas, podríamos decir literalmente que los nacionales originarios son ricos, si se llegase a implementar al menos uno de los tantos planes y programas que han elaborado instituciones gubernamentales y organismos internacionales para un desarrollo rural o comarcal integrado (DRI), basado en el aprovechamiento de ese patrimonio en tierras para la producción de agroalimentos bajo métodos y tecnologías modernas amigables con la conservación medioambiental, como son: agricultura orgánica (sin uso de agroquímicos), forzada (invernadero) de precisión (cultivar solo lo correspondiente a las condiciones agroclimatológicas del área o región) con miras a suplir el mercado nacional y la agroexportación, en especial los productos orgánicos cuya demanda se incrementa mundialmente cada año: frutas tropicales cítricos, aguacate, mango, guanábana, guayaba, papaya, banano, piña, además de hortalizas, tubérculos, café, cacao tradicional y gourmet.

Destaco como fortaleza la vocación e idiosincrasia de indígenas de la etnia ngäbe-buglé, que son la mayoría, en migrar de su comarca a otras provincias del país para suplir la demanda de mano de obra agrícola, lo que les ha permitido adquirir conocimiento en estas actividades. Inclusive, anualmente, a partir de octubre, se trasladan a Costa Rica más de 20 mil trabajadores con sus hijos para cosechar café. Esta migración al vecino país afecta severamente al proceso enseñanza-aprendizaje de estos jóvenes al tener que suspenderlo para acompañar a sus padres.

Muchas de las recomendaciones para corregir distorsiones socioeconómicas expuestas en este y otros artículos que he publicado sobre el Panamá rural, se pueden resolver si sectores determinados del país, incluyendo al gobierno de turno, hacen un alto y voltean sus miradas y pensamientos para resolver este problema. El Panamá de los servicios, con especialización en logística, servicios bancarios, nos coloca económicamente con un producto interno bruto (PIB) de $55 mil millones en 2016, monto del que teóricamente a cada panameño le ingresaron 15 mil 700 dólares el pasado año.

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